Inmobiliarias y arquitectos reclaman en A Coruña más rehabilitaciones y obras de vivienda pública

Los arquitectos y los profesionales del sector inmobiliario coinciden: para mejorar la situación de la vivienda hay que construir más pisos públicos y aumentar las rehabilitaciones para acercarse a los estándares europeos. Estas son las principales puntos en los que coincidieron este viernes el decano del Colexio de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya, y el director comercial de Comprarcasa, Jordi Clanchet, en un debate sobre viviendas sostenibles del quinto Congreso Inmobiliario de Galicia que se celebró en Palexco, en el que recordaron que la Unión Europea irá poniendo cada vez más restricciones a las viviendas sin renovar.

Para el decano de los arquitectos gallegos, “los mayores esfuerzos que estamos haciendo son en rehabilitación”, y su “principal objetivo” es renovar las viviendas para adaptarlas a los nuevos estándares de calidad. Pero, aunque “la actividad se está desplazando ahí”, todavía quedo mucho trabajo por hacer. Según recordó Clanchet, la previsión europea es que en 2033 “no se puedan vender” las viviendas que no tengan una calificación de eficiencia energética A, B, C o D, las mejores, pero Alfaya afirmó que el 81% de las españolas están en las categorías E, F y G, que deberían mejorarse.

Para adaptarse a los estándares europeos, “habría que rehabilitar unos 100.000 pisos por año”, de los que 6.000 corresponderían, por población, a Galicia. Pero “en 2022 hubo 1.300, y en 2023 otras 1.500”, indicó Alfaya en el congreso, organizado por la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin). La mitad del parque inmobiliario es anterior a 1980, y, en cuanto a accesibilidad, el 40% de los pisos con más de cuatro plantas no tiene ascensor.

Los planes de vivienda pública de Concello y Xunta solo cubren un 6,6% de la demanda

Clanchet también reclamó “políticas adecuadas” por parte de las Administraciones, en concreto para “aumentar el parque público” de pisos. “Se necesita más vivienda”, incidió, para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Alfaya pidió más iniciativas de vivienda pública y también “agilidad en las licencias” para acelerar las promociones. Pero también advirtió que la construcción es “muy lenta” y que las iniciativas públicas “no se van a notar en el corto plazo”, sino que pueden tardar seis u ocho años en tener un impacto.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, clausuró el congreso, que congregó en A Coruña a dos centenares de profesionales del sector, y reiteró el compromiso del Gobierno gallego de llegar a las 8.000 viviendas de promoción pública y “duplicar el parque actual” durante este mandato. Recuperando una promesa del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, Martínez remarcó el objetivo de desarrollar suelo para 20.000 inmuebles protegidos.

En el debate sobre sostenibilidad intervino la arquitecta Magdalena López, que explicó las posibilidades del sistema Passivhaus, un método de construcción que pone el foco en el aislamiento y el diseño para reducir el consumo de energía a “una décima parte” del de las casas construidas antes de 1980, y cada 1,5 metros cuadrados de edificación “se ahorran diez kilos de dióxido de carbono al año”. La climatología gallega, consideró la arquitecta, no supone problema para este diseño, que se adapta peor a zonas más cálidas.

El Concello aprueba el proyecto de vivienda pública en Xuxán para cumplir el acuerdo del edificio Fenosa

El ingeniero Sergio Sampedro, director de la empresa Emsamble, completó la mesa de debate con una explicación de las viviendas prefabricadas por módulos, que, al contrario de lo que muchos consideran, “no tienen por qué ser más económicas” que las convencionales. Sí que tienen la ventaja de que “a igualdad de precios, dan mayores prestaciones” y permiten dar al cliente una idea más precisa de “cuándo va a estar la casa y cuándo le van a dar las llaves”. Una vivienda unifamiliar por módulos, puso como ejemplo, puede entregarse en un plazo de cuatro a seis meses.

Menos ingresos por alquiler

Durante la jornada dio una charla el fundador de Acción Legal, José Juan Muñoz, que explicó los cambios normativos a raíz de la Ley de Vivienda e incidió especialmente en la modificación de los arrendamientos que impide a las agencias cobrar gastos de gestión a los inquilinos de arrendamientos vivienda habitual. Esto “en muchos casos ha supuesto una merma del 50% de los ingresos en mediación en alquiler”.

En otra de las mesas de debate, cuatro representantes las asociaciones inmobiliarias coincidieron en reclamar una mayor agrupación entre las empresas del sector, en su mayoría de pequeño tamaño y con una media de 3,5 empleados. Pese a la subida de tipos, los precios de las viviendas tienen una tendencia al alza en el conjunto del país, en un mercado marcado por la escasez de oferta. Representantes de la Xunta, Agalin, Vegalsa-Eroski y la inmobiliaria S2M hablaron de responsabilidad social corporativa, y Repsol presentó una oferta de servicios a inmobiliarias que incluye descuentos para los clientes de estas.

Suscríbete para seguir leyendo