Los colegios profesionales solicitan al Concello que no multe la demora de la ‘ITV’ de edificios

Los colegios profesionales de arquitectos, arquitectos técnicos, administradores de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria coinciden: es imposible que este 20 de mayo todos los edificios de más de 50 años de la ciudad hayan presentado al Concello el Informe de Evaluación de Edificios al que obliga la ley. La mayoría de los inmuebles coruñeses no lo han elaborado, los profesionales que deben hacerlo están “desbordados” y su número “no alcanza” para cubrir las solicitudes. De acuerdo con la normativa gallega, incumplir “el deber de cubrir en tiempo y forma el informe de evaluación de los edificios” es una infracción leve, que conlleva “con carácter general” una multa del Concello de 300 a 6.000 euros, pero los cuatro colectivos, que le reclaman a la Xunta que amplíe el plazo más allá de mayo, piden al Ayuntamiento que no aplique las sanciones.

Los arquitectos y los aparejadores ya han enviado una petición conjunta hace semanas, si bien el Concello no les ha dado una respuesta, y tampoco ha aclarado a este diario si dejará sin aplicar las sanciones. El presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, Carlos Mato, admite que “no está en la mano” del Ayuntamiento retrasar el plazo del 20 de mayo, que estableció el Gobierno gallego tras conceder una prórroga de un año, pero le pide que “no ejerza su labor sancionadora”. Según considera, la culpa de incumplir la norma no es de los dueños de los inmuebles, pues hay “gente que no se está enterando” de que debe presentar el documento y “muchas comunidades de propietarios tienen encargado el informe, pero estamos desbordados”.

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La presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, se pregunta también “qué consecuencias jurídicas podría tener” el no haber presentado el informe en plazo, si después “ocurre cualquier incidente” relacionado con el edificio. El documento debe explicar el estado de conservación, accesibilidad y eficiencia energética del inmueble, así como si hay deficiencias a corregir, pero si en un edificio hay “un accidente o un fallo” que cause daño, los propietarios podrían “verse en un problema que puede llegar a ser penal”, considera Varela. “Esta es una de las cosas que más nos preocupa, y nos preocupa que la gente no sepa lo que puede pasar”, resalta.

Si el técnico que realiza el informe señala que hay que hacer obras, esto puede llevar a nuevos incumplimientos de plazos, pues, según explica la presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez, se dan seis meses para acometer los trabajos, y es difícil poner de acuerdo a los vecinos para hacer el desembolso, además de conseguir presupuestos en un contexto en el que muchas empresas no quieren ocuparse de obras menores. “Por el momento no tenemos constancia de sanciones en A Coruña”, apunta Suárez, porque las comunidades hayan dejado pasar los plazos para realizar las obras de un informe desfavorable.

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El colegio quiere presentar una petición conjunta con arquitectos, aparejadores y agentes de la propiedad para pedir a las administraciones que “sean más flexibles en cuanto a plazos y requerimientos de subsanaciones”. Suárez añade que el Concello, responsable de recibir los informes y en su caso de la “facultad sancionadora”, cuenta también con un “personal limitado” para realizar las tramitaciones.

Suspensión durante un año

Su colegio ya pidió a la Xunta que ampliase el plazo de presentación. “En su momento nos dijeron que no, que no tenía sentido seguir prorrogando”, cuenta Suárez. También lo hizo, nuevamente sin resultado positivo, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña. Su presidenta, Patricia Vérez, envió este martes un escrito al Concello pidiendo la “ampliación del plazo para presentar los informes por falta de técnicos disponibles” y “la suspensión del plazo para iniciar los procedimientos de tramitación de sanciones” durante un año.

Aunque el Ayuntamiento no ha facilitado a este diario datos actualizados de inspecciones, el pasado mes de octubre había recibido 1.247. De acuerdo con el Catastro, las construcciones de más de medio siglo existentes en la ciudad superan las 45.000. Y, según el último censo, hay más de 52.000 viviendas que superan los 50 años. De las inspecciones registradas, 71 fueron por iniciativa de los dueños y el resto, por requerimientos municipales.

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