El Puerto prevé que el alto coste de los intereses de su deuda le lleve a cerrar el año con pérdidas

El aumento de los pagos que debe efectuar la Autoridad Portuaria para amortizar la deuda contraída por Puertos del Estado para construir la dársena exterior, que este año le obliga a abonar cuatro millones de euros, así como el fuerte crecimiento de los tipos de interés, hacen prever al organismo que terminará 2023 con pérdidas. Así figura en su Memoria de Sostenibilidad de 2022, en la que calcula que los costes financieros superarán durante este año “en más de un 30% el resultado del ejercicio recientemente terminado”, que fue de 5,29 millones de euros.

La Autoridad Portuaria señala en ese documento a la cabeza de sus principales retos “intentar mitigar el impacto de los costes financieros de la deuda ante el excepcional crecimiento de los tipos de interés”. La institución que preside Martín Fernández Prado señala que el incremento experimentado por los tipos ha sido “espectacular” por haberlo hecho en un corto período de tiempo, lo que ha generado una “situación sin parangón” en los últimos 30 años.

Para hacer frente a este problema, los responsables portuarios señalan que prevén tomar medidas que reduzcan el impacto de esas subidas de los intereses. La relevancia de este fenómeno queda patente en el dato de que en 2021, último año en que la Autoridad Portuaria pagó dos millones por la amortización del crédito, los intereses que tuvo que abonar fueron de 1,7 millones.

Tras las consecuencias negativas que tuvo la pandemia para el tráfico en el puerto de A Coruña, en el que se redujeron de forma notable las llegadas de mercancías como los combustibles destinados a la refinería y se suspendieron las escalas de los cruceros, una vez que la situación se normalizó se produjo una fuerte recuperación de la actividad. Esta situación se hizo más patente en punta Langosteira, que comenzó a operar como dentro de distribución de mercancías para diferentes puertos europeos, lo que hizo dispararse el volumen de sus tráficos.

Después unas pérdidas de 1,7 millones en el año 2021, el despegue de la actividad en el siguiente ejercicio hizo posible que se cerrará con unos beneficios de 5,2 millones. La senda de salida de los números rojos podría verse truncada ahora por la obligación de hacer frente al préstamo de Puertos del Estado, que fue suscrito en 2011 con un importe de 250 millones, que finalmente se redujo a 200. A esta operación hay que añadir la firmada con el Banco Europeo de Inversiones también para financiar las obras del puerto exterior por un importe de 130 millones.

Durante los primeros diez años de vigencia del préstamo, la Autoridad Portuaria no tuvo que amortizarlo, ya que se limitó a abonar intereses, que sumaron 40 millones de euros hasta 2021. Al año siguiente comenzó el periodo de amortización del préstamo, con dos millones en 2022 que pasaron a cuatro en el actual y los próximos hasta 2027. A partir de 2028 y hasta 2035, el Puerto tendrá que pagar nueve millones cada año.

Para rebajar el peso de estas obligaciones en las cuentas, el organismo inició conversaciones con Puertos del Estado y el Ministerio de Transportes para definir un nuevo calendario de pagos, de forma que fueran de menor cuantía hasta 2035 y que a partir de esa fecha se prolongara el plazo. Esa nueva programación haría que de 2038 a 2046 se pagaran siete millones por año, cuatro entre 2047 y 2050 y uno en 2051, año en que concluiría la amortización del préstamo.

Otra de las medidas que la Autoridad Portuaria pretende aplicar para reducir su deuda es la obtención de 20 millones de euros mediante la adquisición por la Xunta y el Concello de la propiedad de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, que ya carecen de tráfico de mercancías. La venta de estos muelles figura en los convenios para la financiación del puerto exterior que se firmaron en 2004 y que no han sido sustituidos por otros nuevos, por lo que el Gobierno gallego y el Puerto los consideran vigentes. El Gobierno local se mostró en principio dispuesto a participar en esta operación cuando la Xunta planteó hacerse con el 51% de la propiedad de los dos muelles, ya que replicó con la propuesta de adquirir el 75%.

El problema surgió cuando se puso sobre la mesa que la financiación de las obras de urbanización de ambos espacios tendría que realizarse con la misma proporción, ya que los responsables municipales discreparon y la negociación se bloqueó.

El Concello afirma además ahora que los acuerdos de 2004 están caducados y que la Autoridad Portuaria reconoció que será capaz de atender sus obligaciones financieras con sus propios recursos gracias a los importantes proyectos industriales previstos en punta Langosteira en el campo de las energías renovables, ya que las empresas que los promueven pretenden efectuar inversiones millonarias y obtener concesiones para toda la superficie disponible para esas actuaciones.

Pero Martín Fernández Prado ha contestado a estas afirmaciones que los planes empresariales para el puerto exterior tardarán varios años en materializarse, ya que su tramitación es muy larga, por lo que hasta que la Autoridad Portuaria comience a obtener ingresos por ellos tendrá que hacer frente a una situación económica complicada. La aclaración del presidente del Puerto no ha variado la postura del Concello sobre los muelles, por lo que el futuro de esos terrenos continúa sin definirse, al tiempo que la deuda amenaza la estabilidad de las cuentas portuarias.

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