Acuerdos y omisiones del pacto para la fachada marítima de A Coruña

El Estado renuncia sobre el papel, veinte años después, a ingresar por la privatización de suelo en los muelles de Batería y Calvos Sotelo. No así a la obtención de fondos con venta de suelo en san Diego para contribuir a pagar la deuda que contrajo la Autoridad Portuaria para la construcción de punta Langosteira y, también, para pagar a Adif el traslado de la estación de tren de San Diego, ya sin actividad. Es uno de los puntos claves firmados ayer por los Gobiernos central, local y autonómico, en un protocolo que supone la creación de una comisión de trabajo conjunta liderada por el Ayuntamiento para concretar la transformación de la fachada marítima, que incluirá usos residenciales en los terrenos que sí se pretenden vender, en ubicaciones por definir entre la terminal ferroviaria y Oza. El protocolo omite cualquier alusión a la condonación de la deuda.

Todas las administraciones expresan su deseo de consensuar la reordenación de los muelles

La alcaldesa, Inés Rey, explicó tras la firma del acuerdo que los cambios en las “circunstancias económicas y sociales” hacían necesario “establecer un nuevo marco jurídico consensuado” entre el Concello, la Xunta, el Ministerio de Transportes, Puertos de Estado, Adif y la Autoridad Portuaria. Rey anunció que el “principio rector” del trabajo entre todas las administraciones sería el “mantenimiento de la titularidad pública de los espacios portuarios”. Esto lo deja claro el protocolo para los muelles del centro (Batería y Calvo Sotelo) por su “centralidad urbana”, lo que supone la renuncia del Estado a su venta después de años de negativas.

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No es lo mismo para San Diego y el puerto petrolero, cuyo futuro queda en el aire, ya que el documento rubricado indica que “los usos y la titularidad” de los espacios “han de analizarse a la luz de la situación actual del puerto y de la ciudad”, reconociendo que esta es “muy diferente” a la de 2004, cuando se firmaron los convenios originales, pero manteniendo la previsión de obtener ingresos, al igual que hace dos decenios.

El Puerto augura la "mayor operación urbanística de la historia" coruñesa

En este sentido, el protocolo añade que es “necesario definir un acuerdo en el que desarrollar de forma compatible la accesibilidad y usos ciudadanos en los nuevos espacios”, por un lado, con “la obtención de recursos establecida para la financiación del puerto exterior y para el traslado y reposición de la terminal de mercancías de San Diego”, una mudanza para una zona entre Pocomaco y Vío sin avances desde el anuncio de Adif en 2015.

“Bautismo inicial”

“Hoy hemos puesto los cimientos de lo que será el espacio urbano de mayor calidad de toda Galicia”, declaró la regidora en la comparecencia conjunta tras la firma del protocolo, en la que estaban también el presidente gallego, Alfonso Rueda, y el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado; el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; y el presidente de Adif, Ángel Contreras. Fue “un bautismo inicial”, en palabras de Rueda, que ahora “hay que empezar a concretar”. Los “cimientos”, manifestó la alcaldesa, “de lo que será el espacio urbano de mayor calidad de toda Galicia”.

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¿Con qué usos? Nada se concreta por escrito en el protocolo, por lo que será una de las cuestiones que tendrá que definir la comisión, avanzada en alguna de las intervenciones de los firmantes y que incluye la vivienda. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, concluyó que deben “hacer compatible que el puerto siga siendo un motor económico, pero que también ofrezca oportunidades para vivir, para disfrutar, para el ocio, la cultura, y también en clave de ciudad, en clave residencial”.

El protocolo, por tanto, deja la puerta abierta a que, en la zona que separa A Gaiteira y Os Castros del mar, se venda parte del suelo y haya vivienda, privada o pública, con ingresos para el Puerto, configurando una zona que describen como “un espacio urbano moderno y sostenible” que permitiría “la necesaria generación de recursos económicos por parte de la Autoridad Portuaria”. El presidente del Puerto coruñés, Martín Fernández Prado, habló de que el traslado de la estación de San Diego y de la actividad industrial en esta zona permitirá la “mayor operación urbanística de la historia de la ciudad”.

En las intervenciones de los representantes de las diferentes administraciones no se hizo ninguna mención a la condonación de la deuda del Puerto, una petición unánime de las fuerzas políticas coruñesas en varias resoluciones del Pleno. Sobre la financiación, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, reclamó “un marco financiero que sea sostenible para todos”, en alusión a unas mejores condiciones para el pago de la deuda, una solución que ya había acordado con Puertos del Estado ante el rechazo de este organismo a perdonar el abono del préstamo concedido en 2011. La solución no excluye que las administraciones realicen aportaciones económicas al desarrollo, algo que queda, a la espera del desarrollo del protocolo, sin concretar, al igual que los tiempos.

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Comisión

Bajo el nombre de Coruña Marítima, el proyecto para la transformación de los terrenos portuarios que queden sin actividad será desarrollado por una comisión formada por todas las administraciones firmantes del protocolo y cuya gestación se encomienda a la Autoridad Portuaria. Será presidida por la alcaldesa, Inés Rey, y deberá realizar el seguimiento, asesoramiento y análisis de esta iniciativa, además de proponer las medidas que estime necesarias.

En la comisión también estarán presentes los representantes de los grupos políticos municipales. Otra de las misiones de este órgano será la definición del modelo de gestión del proyecto, para el que en muchas ocasiones se ha defendido la fórmula del consorcio entre administraciones. Coruña Marítima afectará a todo el espacio portuario, incluido el que mantendrá actividad de este tipo, ya que el Puerto pretende aprovechar esta actuación para reordenar todos los terrenos en los que opera.

Además de los firmantes del protocolo, en el acto estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo; la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue; y la coordinadora del Plan Estratégico de A Coruña, Isabel Pardo de Vera, a quien todos los representantes estatales hicieron referencia por sus antiguas responsabilidades en el Gobierno central.

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, destacó que “los terrenos del puerto van a ser siempre de uso público,” y que el Estado “ha dicho que van a buscar una fórmula” para resolver el problema de la deuda portuaria. Francisco Jorquera, jefe de filas del BNG en el Concello consideró “positiva” la firma del protocolo pero advirtió que “está todo aún por hacer”, mientras que sobre la deuda del Puerto estimó que “hay que demandar la condonación”.

Marea Atlántica, cuyo Gobierno local se opuso a los convenios del año 2004, calificó el protocolo de “un paso atrás” al limitar el carácter público de los muelles a Calvo Sotelo y Batería, mientras admite la privatización de los terrenos de San Diego. Sobre la deuda, entiende que “reafirma la fórmula heredada del vazquismo”, en alusión a la venta de suelo portuario.