El apoyo del BNG permite al Concello pagar 4,2 millones en deudas de las pasadas fiestas

El apoyo del BNG a la propuesta del Gobierno local del PSOE hizo posible este jueves la aprobación de una modificación de los presupuestos de este año del Concello y del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) que permitirá pagar facturas pendientes de las fiestas de 2023 por un importe de 4,2 millones de euros, así como 3,7 millones que se adeudan a la Compañía de Tranvías como parte de la subvención municipal al bonobús y que una resolución judicial obligó a abonar tras aceptar una medida cautelar solicitada por la empresa.

El BNG niega su apoyo al Gobierno local hasta que salde la deuda de 4,3 millones del IMCE por las fiestas

El PP se abstuvo sobre la aprobación del cambio del presupuesto municipal y votó en contra del propuesto para el IMCE, así como del pago de facturas irregulares por gastos efectuados por el organismo responsable de la organización de las fiestas, por lo que el voto de los nacionalistas fue decisivo. El Gobierno local había intentado en las semanas previas que los pagos de las cantidades adeudadas fueran de solo 2,5 millones, pero el BNG exigió que se saldasen las cuentas con todos los acreedores y amenazaron con no respaldar ninguna iniciativa socialista en el pleno mientras no se hiciese así.

Esta actitud llevó al Ejecutivo municipal a ampliar en 1,6 millones la cantidad que se abonará por gastos de los festejos, de forma que el IMCE recibirá una aportación de 3,39 millones del Concello, a la que añadirá 473.500 euros de su remanente de tesorería de 2023 y una transferencia municipal de 425.000 euros que procede de partidas para subvenciones a empresas privadas y transferencias corrientes. Una parte de las aportaciones que realizará la administración municipal y los 3,7 millones destinados a Tranvías provendrán de 5,2 millones del remanente líquido de tesorería del año pasado, así como de 500.000 euros que se retiran de la partida para alumbrado público gracias al ahorro conseguido en ese servicio.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, admitió que la actuación del IMCE sobre estos pagos fue irregular, pero que se lleva a cabo del mismo modo desde 2007 con gobiernos de diferentes partidos, por lo que planteó analizar el funcionamiento de todas las empresas y entidades municipales “para mejorar su funcionamiento” y evitar “situaciones indeseadas”. Ante las críticas del PP a su gestión en este campo, recordó que durante su mandato municipal se pagaron facturas irregulares mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito en cada uno de los años.

“Lo mínimo exigible en cualquier administración es que pague lo que debe”, proclamó el nacionalista Francisco Jorquera, quien calificó de “escandalosa” la situación del IMCE por haber dejado fuera de la iniciativa para pagar facturas impagadas 1,1 millones, a las que después se sumaron 700.000 euros más. Denunció que en 2023 “se comprometió gastos en fiestas como si no hubiera un mañana” porque había elecciones municipales y reprochó que las empresas lleven un año sin cobrar. También consideró difícil que A Coruña se consolide como un “referente” en la organización de espectáculos, como afirma el Gobierno local, “si luego no se paga” y advirtió que el problema del IMCE es “una bola de nieve que no para de crecer”, por lo que exigió la adopción de medidas para que lo que definió como “problema estructural” no se haga crónico.

Sobre los pagos a Tranvías, Jorquera recordó que el interventor advierte de que habrá que tomar medidas para evitar el déficit presupuestario porque ya no hay fondos para abonar la subvención del bonobús el resto del año. También destacó que el BNG no condicionó su voto a “una exigencia concreta” de esta formación, sino simplemente a que se paguen las deudas.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, justificó el rechazo de su grupo al pago de las facturas porque el interventor exige que antes se haga una revisión de oficio de las mismas, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga a hacerlo y advirtió que no hacerlo puede forzar la destitución de los responsables políticos que lo incumplan y que asuman responsabilidades personales. “No voy a estar sin dormir por culpa de su mal gobierno”, dijo Lorenzo.

 Lage replicó que esa sentencia no sienta jurisprudencia y que hay otras del Supremo que van en una dirección contraria, además de informes municipales que niegan que haya que hacer una revisión de oficio. El portavoz popular atribuyó los impagos a que las facturas corresponden a servicios contratados sin concurso e informó de que una empresa denunció en los juzgados al Concello por no haber podido optar a uno de esos contratos y que en los próximos días responsables municipales deberán prestar declaración por este motivo.

“No voy a ser cómplice ni voy a aprobar esta chapuza”, sentenció Lorenzo, quien relacionó el voto favorable del BNG con la necesidad del apoyo socialista para mantener la Alcaldía de Santiago.

Una ordenanza regulará y agilizará las subvenciones municipales

El voto favorable de PSOE y BNG hizo posible aprobar de forma inicial una ordenanza municipal sobre las subvenciones que concede el Concello a toda clase de entidades coruñesas. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, indicó que su objetivo es proporcionar mayor seguridad jurídica a esos colectivos y acelerar la tramitación de las ayudas, ya que permitirá realizar los pagos de forma anticipada en situaciones de emergencia como la pandemia. Añadió que tendrá un “impacto positivo muy claro” en las asociaciones porque su actividad se ve afectada por la tramitación administrativa y que las subvenciones podrán entregarse de modo anticipado en un 90% de su importe y que luego deberá justificarse su gasto.

La ordenanza incluye un Plan Estratégico de Subvenciones que obligará hacer un balance de las concedidas el año anterior en el primer semestre de cada ejercicio. También regulará los premios y becas otorgados por el Concello y en su solicitud no se exigirán datos que ya posee la administración municipal.

El BNG justificó su apoyo al considerar positiva la ordenanza y reclamó que se eviten los retrasos en el pago de las subvenciones para no perjudicar a las entidades. El concejal del PP Roberto Rodríguez explicó que su grupo se abstenía porque no se consultó a las asociaciones, lo que calificó de “nueva oportunidad perdida” y denunció que hay clubes deportivos que terminaron su temporada sin haber recibido las ayudas prometidas.

El Gobierno local plantea el paso del Centro de Orientación Familiar al Sergas

El debate de una moción del BNG sobre la falta del personal necesario y la eventualidad de parte del disponible en el Centro de Orientación Familiar de Orillamar llevó a la concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, a proponer en el pleno que se analice “si el Concello debe prestar asistencia sanitaria”, ya que no es una de sus competencias. La concejala nacionalista Mercedes Queixas destacó la carencia de una psicóloga clínica y de auxiliares administrativas que realicen la atención telefónica en ese centro, reclamó mecanismos para cubrir las plazas vacantes de forma urgente y que se evite el “desmantelamiento” de este centro, que se gestiona de forma conjunta entre el Concello y la Xunta mediante un convenio suscrito en 1986, mientras que el de O Ventorrillo está administrado por el Sergas en exclusiva.

La moción recibió el respaldo de todos los grupos, incluido el PP, cuya concejala Susana Catalán exigió que se amplíe a la tarde el horario de atención y reprochó al Gobierno local la supresión de los proyectos didácticos del centro.

Yoya Neira, replicó que fue el Sergas el que eliminó la actividad educativa de esta instalación en 2009 y que fue sustituida por la que ofrece el Concello en el programa Coruña Educa. Añadió que es el Sergas el responsable de que se extienda el horario, ya que los profesionales sanitarios dependen de sus órdenes, y advirtió de que “ninguna mujer queda sin atender” porque puede ser tratada en otros centros.