Riazor, un nombre y una polémica

La polémica estalló el viernes en forma de un cruce de declaraciones entre el Deportivo y el Ayuntamiento de boca de sus dos máximos representantes, el presidente Antonio Couceiro y la alcaldesa Inés Rey, pero el origen de todo hay que buscarlo más atrás, en el verano de 2017, cuando el club firma con Abanca un crédito por valor de 45 millones de euros para cancelar la deuda con la Agencia Tributaria y dar así más margen de maniobra para competir en Primera División. El acuerdo incluía rebautizar el estadio, pero eso no estaba contemplado en el convenio vigente entonces y todavía hoy en día, el que expira en 2025 y origen ahora de la guerra abierta entre club y Concello. La denominación debía ser “Estadio Municipal de Riazor” y el único capacitado para modificarlo sigue siendo el Ayuntamiento, según el documento firmado en el año 2000.

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El Gobierno local de entonces, perteneciente a la Marea Atlántica y encabezado por Xulio Ferreiro, permitió la modificación sin que se cambiara el convenio. Fue un gesto de buena voluntad hacia el club en un momento delicado y como parte de la estrategia para lograr oxígeno financiero. “En las últimas semanas el presidente [Tino Fernández] y yo conversamos sobre esta posibilidad, se hizo la solicitud por parte del Real Club Deportivo para poder utilizar un nombre comercial adherido al nombre del estadio de Riazor, que se utilizaría, y en esto es en lo que estamos trabajando los servicios administrativos del Ayuntamiento, (...) por parte del Real Club Deportivo como nombre comercial en las competiciones en las que participa. El nombre oficial del estadio seguiría siendo Estadio Municipal de Riazor, pero sí se autorizaría ese uso comercial siempre y cuando conozcamos finalmente el nombre concreto y que no provoque ningún conflicto con la imagen de la ciudad y los valores del Ayuntamiento de A Coruña (...)”, manifestó Xulio Ferreiro a finales de junio de 2017 en una comparecencia conjunta con Tino Fernández en la que sellaron un acuerdo para estrechar la colaboración entre club y Ayuntamiento y que se produjo un día antes de que se hiciera público el crédito de financiación con Abanca. “Además porque, y esto el presidente me lo expuso así, de que todo esto estaría en una operación que va a permitir al Deportivo un desahogo económico y un salto de calidad deportiva. Si eso es bueno para el Deportivo y para el deportivismo, es bueno para la ciudad y por nosotros no va a quedar”, añadió Ferreiro.

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El panorama, sin embargo, ha cambiado por completo desde junio de 2017. Fruto de ese crédito, Abanca se hizo con la propiedad del club en un proceso de capitalización de deuda y el Ayuntamiento entiende ahora que las condiciones ya no son las mismas.

El Gobierno local de Inés Rey considera que la utilización comercial del estadio beneficia no solo al club sino también a su propietario y pretende ingresar en las arcas municipales la cifra derivada del naming del estadio. “Eso no puede ser gratis, primero porque no es lógico y segundo porque no es legal”, afirmó el viernes la alcaldesa en pleno cruce de declaraciones.

Casos similares

En España no existen demasiados ejemplos de estadios de titularidad municipal con nombres comerciales. El más cercano es Balaídos, foco de tensiones entre el Ayuntamiento de Vigo y el Celta. Antonio Couceiro aludió a su situación para denunciar un agravio porque el campo celeste también lleva el apellido de Abanca y el Concello no reclamó ninguna cantidad. El presidente blanquiazul, sin embargo, omitió que el Celta abona un canon anual cercano a los 900.000 euros por el uso y explotación comercial de Balaídos.

Almería y San Sebastián son otros dos ejemplos, aunque en ambos casos se alcanzaron acuerdos entre clubes y ayuntamientos a cambio de contraprestaciones.

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