La Fiscalía Anticorrupción no aprecia delito en que el Gobierno central no haya reclamado a las empresas eléctricas más de 3.000 millones de euros que éstas cobraron de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC) diseñados en 1997 por el Gobierno presidido por José María Aznar, justo antes de la liberalización del mercado eléctrico. Estos CTC los fueron pagando los clientes de las eléctricas en sus facturas. En 2008 un informe de la Abogacía del Estado indicó que el oligopolio eléctrico había cobrado 3.396 millones de euros de más. En ese informe se advertía de un "enriquecimiento injusto", pero el Gobierno de Zapatero con Miguel Sebastián al frente de Industria decidió no reclamar su pago y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentó en 2013 una denuncia contra el Ejecutivo al que acusaba de supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos.

La Fiscalía Especial Anticorrupción rechazó el pasado 15 de diciembre la denuncia de la Plataforma "por no desprenderse" de ella "caracteres delictivos". Con este rechazo cerró la investigación. Sin embargo, la Plataforma volvió a reclamar a Anticorrupción que reabra la causa porque, asegura, "han salido a la luz nuevos indicios de la posible comisión de los delitos señalados": un informe de la Asesoría Jurídica del Estado "que insta (...) a reclamar las cantidades abonadas de más", "un borrador de Orden Ministerial con determinados cálculos para la realización de las liquidaciones contra las empresas beneficiarias de los CTC" elaborada por el Ministerio de Industria antes de la llegada de Sebastián y "varios informes de la Comisión Nacional de la Energía recordando (...) que [se] exigiese la devolución".

Una delegación de trabajadores de Alcoa asistirá mañana al pleno municipal que debatirá una moción de apoyo que Esquerda Unida se ha comprometido a presentar e intentar un acuerdo con el resto de los partidos para lograr la unanimidad. El texto exige a Alcoa que se presente a la subasta del lunes y martes y ponga "todos los medios" para la obtención de los incentivos suficientes para mantener la planta de A Coruña abierta. El escrito reclama además a la Xunta y al Gobierno una modificación del sistema energético y tarifario para garantizar la viabilidad de la industria.