19 de abril de 2018
19.04.2018

El Supremo amenaza con multas si no sube la luz en Galicia por las tasas autonómicas

El tribunal da de plazo hasta el 18 de julio n Insta a las comunidades a aportar datos para calcular el recargo a los consumidores, al que habrá que sumar los intereses

19.04.2018 | 01:50
Aerogeneradores en un parque eólico gallego.

La polémica

  • Sentencia de junio de 2014. El Tribunal Supremo reconoce la obligación de haber cobrado suplementos territoriales en 2013, como fijaba la ley
  • Orden de recargos de enero de 2017. El Ministerio de Energía publica una primera orden para fijarlos solo en Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana
  • Llamada de atención del tribunal. En marzo de 2017 el Supremo dice que la sentencia no está de todo ejecutada y da tres meses para que se apruebe una orden completa
  • Nueva orden para recabar datos. Se publicó a finales de enero, pero no marca los suplementos, sino el proceso para conseguir la información. El Supremo da hasta el próximo 18 de julio

Al Supremo se le acabó la paciencia con el Ministerio de Energía y las comunidades que, como Galicia, rechazan el encarecimiento de la luz al que les obliga su sentencia del 11 de junio de 2014 para repercutir los impuestos autonómicos que soportan las empresas eléctricas y cumplir así lo que la ley del sector marcaba en aquel momento: que tienen que ser los ciudadanos de cada comunidad los que paguen este sobrecoste para evitar que los acaben abonando los de otras zonas en las que no existen tributos. Camino ya de cuatro años desde el fallo y ante las enormes dificultades para conseguir esos datos de recaudación y, por tanto, establecer cuánto tiene que aumentar el precio, el Alto Tribunal da un ultimátum a ambas partes. No puede retrasarse más allá del 18 de julio. De lo contrario, "se podrá acudir a las medidas coercitivas o bien sustitutorias o indemnizatorias que se consideren procedentes".

No es la primera vez que el Supremo se pone serio con el asunto. De hecho, el primitivo intento del departamento que dirige Álvaro Nadal para acatar la resolución fue una orden en enero de 2017 en la que fijaba los llamados suplementos territoriales en cuatro comunidades -Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana- porque reconocía que con el resto era imposible lograr la información necesaria para calcularlos. Las eléctricas se rebelaron y se lanzaron a recurrir la norma e incluso a pedir al tribunal que exigiera a las autonomías los datos correspondientes a sus impuestos. El Supremo negó que pudiera presionar a las comunidades, pero sí dio un tirón de orejas al Ministerio apurándole a hacerlo.

Energía optó entonces por anular la orden de las cuatro comunidades y aprobar otra para forzar a todas las autonomías a suministrar la información. En Galicia hay que trasladar a los consumidores la parte que desembolsan las eléctricas del canon de saneamiento -el más difícil de discernir-, el de contaminación atmosférica (2,9 millones), el de los embalses (11,4 millones) y el eólico (22,9 millones), según estipuló el Gobierno. La Xunta asegura que los números están en manos de Energía, pero decidió recurrir la orden para intentar frenar su aplicación amparándose en que se trata de impuestos medioambientales. Un supuesto matiz sin efectos prácticos porque la ley no diferencia entre los tipos de gravámenes.

Tras una nueva oleada de demandas del sector, el Supremo acaba de emitir un segundo auto de ejecución de sentencia y, esta vez sí, ha decidido remitirlo directamente a las consejerías con competencias en la materia "instando a su colaboración, exigible para el cumplimiento de las resoluciones judiciales". Aún así, el Alto Tribunal insiste en que también las propias empresas afectadas pueden reclamar con las certificaciones de sus pagos. "Lo contrario implicaría que el único medio de prueba admisible para recabar información y acreditar este extremo dependería de la diligencia y la voluntad de las comunidades", critica.

La factura será mayor todavía de lo esperado porque, a la espera de que se cumpla en plazo y evitar las posibles multas o las indemnizaciones a las empresas, el Supremo recuerda que el retraso no puede perjudicar a las cantidades y el consumidor deberá pagar también los intereses legales.

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