El pasado 3 de marzo, Alcoa (antigua propietaria las plantas alumineras de A Coruña y Avilés que ahora dirige Alu Ibérica) planteó a las plantillas coruñesa y asturiana un acuerdo que diese carpetazo a todos los procedimientos legales relacionados con la venta de sus antiguas plantas

El acuerdo de despido pactado entre Alcoa (antiguos patrones) y los administradores concursales (los patrones actuales) prevé que los empleados reciban las indemnizaciones contempladas en el ERE de 2018: 60 días por año trabajado más 10.000 euros, lo que supondrá un desembolso para la compañía de unos 70 millones de euros, entre las fábricas de A Coruña y Avilés. La propuesta planteada estaba condicionada a que se cerrase todo el proceso judicial iniciado por el ERE de 2018 y el resto de denuncias interpuestas contra la multinacional y que ningún trabajador siguiese adelante con las reclamaciones.

Las votaciones se produjeron el pasado viernes. La práctica totalidad de los trabajadores de Alu Ibérica de Avilés (el 93,65% de las 235 personas que votaron: solo hubo 14 noes) se decantaron por el sí al acuerdo de despido extrajudicial pactado.

En A Coruña, también la mayoría de trabajadores optó por el sí a “una propuesta de indemnizaciones que conllevaría el desistimiento de todas las demandas en cualquier ámbito judicial contra Alcoa, que además supondría aceptar el despido colectivo de toda la plantilla por el ERE presentado por la administración concursal”, señalaron los miembros del comité de empresa. Fueron 222 los trabajadores que dieron su apoyo al acuerdo frente a 36 que dijeron que no. Hubo tres blancos.

Y aquí radica el problema. El comité de A Coruña reconoció que la votación no había alcanzado la unanimidad requerida por la empresa para cobrar las indemnizaciones, que conllevaría la renuncia de todas las demandas en cualquier ámbito judicial contra la multinacional. Un 13,7% de los que votaron se mostraron en contra.

Confirmación de todos

Una vez conocidos los resultados, Alcoa dejó claro en un comunicado que el acuerdo “solo puede ser efectivo una vez que se tenga la confirmación de que todos los trabajadores afectados participarán aportando su adhesión por escrito y la renuncia a las demandas” contra la compañía.

Alcoa también informó de que hará un seguimiento de la situación “para ver si se cumple esta condición” de que “todos” los trabajadores se adhieren al acuerdo.

Por su parte, el comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña emplazó a Alcoa a negociar su propuesta de indemnización en la que reclamaba la unanimidad de sus exempleados y pidió a la empresa que se siente para abordar el asunto.

El presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, criticó que Alcoa les haya dado una propuesta cerrada y haya pedido unanimidad, sin opción a negociar. “Si hay posibilidad de entenderse tiene que ser hablando”, explicó el sindicalista, que consideró que Alcoa entendía este ofrecimiento “irrechazable”.

Una vez conocidos estos acontecimientos, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, instó a los representantes del comité de la planta de A Coruña a “echarse a un lado” después de que los trabajadores de ambas plantas respaldasen por mayoría aceptar el acuerdo planteado por Alcoa para resolver los conflictos judiciales.

En unas declaraciones remitidas a los medios, De la Uz explicó que en A Coruña el comité expresó públicamente el rechazo a este acuerdo. Ahora, con la votación de la plantilla, que arrojó un resultado de 222 votos a favor, 36 en contra y 3 en blanco, “han sufrido una reprobación muy importante por parte de los trabajadores”.

Un comité “democrático”, dijo, cuando es reprobado, ha de “echarse a un lado” y dejar a otras personas que continúen con el proceso. “Que quede muy claro, no se puede confundir a nadie; una mayoría abrumadora de ambas plantas quiere que lleguemos a un acuerdo lo más pronto posible”, remarcó.

En cuanto al resultado de la votación en Avilés, De la Uz explicó que deja “meridianamente claro” el mandato de los trabajadores para continuar con el proceso de llegar a un acuerdo con la administración concursal y Alcoa.

A partir de ahora, agregó, se desarrollará un proceso de firmas personales en el que “el resto de federaciones sindicales y actores presentes en los juicios pendientes” deberán hacer su trabajo.

De la Uz afirmó que el acuerdo respaldado por los trabajadores viene a darles la razón y satisfacerles económicamente “igual o mejor” que las demandas que se han interpuesto.