Si no hay impugnaciones —hasta ayer no se habían producido—, el próximo 25 de noviembre, los 295 trabajadores de la planta de Alu Ibérica (antigua Alcoa) en A Coruña —a los que se les unen los 243 de la fábrica de Avilés— cobrarán las indemnizaciones que pactaron con la empresa. El acuerdo recoge una compensación para cada uno de los 538 operarios de 60 días por año trabajado sin límite de años hasta julio de 2021, lo que supone un desembolso para la compañía de unos 70 millones. De esta forma se pondrá el punto y final al conflicto con los trabajadores provocado por el cierre de Alu Ibérica.
El conflicto laboral termina, pero no así el judicial en el que se dilucida la responsabilidad en el presunto vaciado de las cuentas de la empresa por parte de los dueños de Parter (que compraron las dos plantas en julio de 2019) y del Grupo Riesgo, que las adquirieron en abril de 2020. La compañía entró en concurso de acreedores 17 meses después, en noviembre de 2021. Desde la venta a Parter hasta su entrada en el proceso concursal —28 meses— Alcoa inyectó 57,8 millones a la planta coruñesa. Este es el recuento que ha realizado el administrador concursal y que aparece en el escrito de calificación que ha enviado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga el presunto vaciado de las cuentas de las plantas de aluminio.
En su informe de 80 páginas, el administrador concursal realiza una pormenorizada explicación de los últimos años de vida de Alu Ibérica. Desde los últimos ejercicios de la etapa Alcoa (2018 y 2019) — “los resultados de la hoy concursada eran negativos y si la sociedad no incurrió en insolvencia lo fue por el apoyo financiero constante de su matriz”—, hasta la venta de la planta coruñesa a Parter en julio de 2019 por medio dólar, y la posterior reventa, solo ocho meses después, por 6,5 millones, al Grupo Riesgo.
El acuerdo de compraventa con Parter incluía que la vendedora (Alcoa) se comprometía a pagar a la compañía de la que dependía la planta de Alu Ibérica de A Coruña las siguientes cantidades: 27,5 millones de dólares como capital circulante en los 12 meses siguientes al cierre de la operación; un máximo de 10 millones “para inversiones que deberá realizar la compañía para el reinicio de las cubas de electrólisis, su mejora y productos especiales para las fundiciones” y otros 10 millones “siguiendo las directrices marcadas en el plan de negocio”. Este último pago se haría en los 21 meses posteriores a la venta.
Según asegura el administrador concursal, de estas cantidades comprometidas por Alcoa se abonaron los 27,5 millones de dólares para circulante; los 10 millones para el cumplimiento del plan de negocio —“cuyo destino es desconocido por esta administración concursal al carecer de contabilidad la concursada”—, y 2,1 millones de inversiones. La cantidad prevista para esta última partida era de 10 millones. Por lo tanto, la cantidad total abonada por Alcoa a la planta de Alu Ibérica de A Coruña fue de 39,6 millones en los 21 meses que van de julio de 2019 a abril de 2020.
Entre abril de 2020 y la presentación del concurso de acreedores en noviembre de 2021, el dueño era el Grupo Riesgo. En este periodo, Alcoa inyectó a la fábrica de A Grela 5,5 millones de dólares en mayo de 2020); 3 millones en julio; 243.000 dólares en agosto; 3,4 millones en octubre; 3 millones en enero de 2021 y 3,4 millones en abril, solo siete meses antes de entrar en concurso de acreedores. La empresa de la fábrica coruñesa recibió de Alcoa durante este periodo 18,2 millones. “De esta cantidad, la administración concursal carece de datos concretos sobre su destino pues no le ha sido facilitada la contabilidad, no pudiendo valorar los pagos realizados”, se queja el administrador.
No es el único lamento que plasma en el escrito de calificación que ha enviado a la jueza Tardón. En la segunda página, y antes de comenzar con su valoración de lo ocurrido, explica que acomete la pieza de calificación “ciertamente con pesimismo” porque considera “muy difícil obtener resultados prácticos tangibles”. “Eventualmente —reconoce—, si se llegara a dictar una sentencia de condena de indemnizar daños y perjuicios nos vamos a encontrar con sociedades y personas físicas absolutamente insolventes, por lo menos en apariencia, y una posible condena de inhabilitación que poco o en nada les afectará, pues ya no vienen actuando como administradores sociales, sino que buscarán a cualquier incauto —o lo que es peor, a una persona en precaria situación económica, aprovechándose de sus dificultades— para nombrarlos en nuevas sociedades como testaferros”.
Industria reclama a la empresa 10 millones de las ayudas por los costes de emisiones de CO2
Desde 2014, el Gobierno ha lanzado cada año una convocatoria para apoyar a la industria electrointensiva a través de la concesión de subvenciones relativas al mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. En la de 2022, las ayudas alcanzan los 244 millones. La Comisión Europea permite a cada Estado miembro que compense los costes indirectos de las industrias de determinados sectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de “fuga de carbono”, debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad. Este año, el Gobierno incrementó las ayudas un 36% respecto al ejercicio pasado. La planta coruñesa de Alu Ibérica también se ha beneficiado desde 2015 de ayudas compensatorias por los costes de emisiones indirectas de CO2. Según explica el administrador concursal, debido al cierre de la fábrica, el Ministerio de Industria ha enviado “sendos procedimientos de reintegro de las subvenciones concedidas desde 2017 (…) por no haber cumplido la obligación de mantenimiento de la actividad”. La cifra que tiene que devolver asciende a 10,2 millones. Debido a esta petición, el administrador señala que “se ha producido un agravamiento de la insolvencia” de la empresa.
