El Fogasa abona en Galicia la cifra más baja en 15 años al caer las insolvencias empresariales

Las buenas cifras de empleo durante el pasado año, pese a la profecía autocumplida de la crisis económica a la que nos dirigíamos tras la temporada veraniega, han provocado que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) redujese su aportación en Galicia en 2022 a niveles nunca vistos desde hace 15 años.

El paro cayó a mínimos en la comunidad gallega en diciembre. Galicia despidió el ejercicio con 142.222 personas desempleadas, la cifra más baja de toda la serie histórica, que arranca en 1996, para un mes de diciembre. En todo 2022 se formalizaron 270.520 contratos fijos en la comunidad, el doble que en 2021.

Como consecuencia de la buena salud de empleo, pese al inflación, el alza de las materias primas, la guerra en Ucrania y los negros nubarrones que muchos expertos vaticinaban, las empresas gallegas pasaron por menos problemas de los esperados. Un total de 1.288 se declararon en situación de insolvencia durante el pasado ejercicio por lo que sus trabajadores tuvieron que acudir al Fogasa, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo encargado de abonar parte de los salarios e indemnizaciones a los empleados de compañías en concurso de acreedores o insolventes. ¿Son muchas o pocas? Son un 9,1% menos que en 2021 y poco más de 60 que en 2020. Y muy lejos del récord de 8.495 de 2014.

Casi 4.000 empleados

El Fogasa atendió durante el pasado año a 3.976 trabajadores gallegos. Suponen un 8,2% menos que un año antes y la cifra más baja desde 2008. La cantidad aportada ascendió a 27,7 millones, también la más baja en los últimos 15 años y muy lejos del récord de 135 millones de 2014. Un 40% fueron pagos de salarios y un 60%, abonos en concepto de indemnizaciones. De media, cada trabajador de la comunidad recibió el año pasado 2.791 euros por los primeros y 4.149 por las segundas.

El Fogasa se hace cargo de abonar los salarios o indemnizaciones impagados por la empresa, hasta un límite máximo. Para establecer ese tope se tiene en cuenta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en el momento de la insolvencia o concurso de acreedores de la compañía.

Si lo que se reclama son los salarios atrasados, la fórmula para calcular la cantidad que se recibirá es el SMI diario multiplicado por 2, con el prorrateo de las pagas extras, con un límite máximo de 120 días.

Por ejemplo, una empresa debe a un trabajador el sueldo de seis meses de 2022. El salario mínimo diario del empleado (38 euros), con el prorrateo de pagas extras es de 79 euros. Según la normativa, el límite máximo que se le abonará será el doble del salario mínimo interprofesional diario —en 2022 75,06 euros (37,53 euros por 2)— por el número de días pendientes de pago, con un máximo de 120 jornadas, incluyendo el prorrateo de las pagas extras. En este ejemplo, el trabajador no podrá reclamar los 79 euros diarios de su salario, sino los 75,06 fijados para el año 2022.

En cuanto al número de días, la empresa le debe al trabajador seis meses. Es decir, 180 días. Sin embargo, solo podrá reclamar 120, que es el máximo establecido. Por lo tanto, un empleado solo puede recibir como máximo 9.006 euros en 2022 por los salarios pendientes. El trabajador no puede reclamar al Fogasa lo que exceda de los límites de SMI diario y de los días fijados por la ley.

Indemnizaciones

El otro concepto que se puede solicitar al Fogasa son las indemnizaciones por despido improcedente o nulo o despidos objetivos y colectivos. En estos casos, el límite máximo será de una anualidad de la nómina y que el salario base que se tenga en cuenta para la indemnización no exceda del doble del salario mínimo interprofesional más las pagas extras: en 2022 fueron 75,06 euros diarios.

Por ejemplo, un empleado es despedido, el juez resuelve que es improcedente y condena a la empresa a que le abone 60.000 euros en concepto de indemnización. Si la compañía es insolvente o se declara en concurso de acreedores, el trabajador solo podrá reclamar al Fogasa 27.014 euros, que es el máximo autorizado.

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