Detenido en Alemania al hombre de Parter que firmó la compra de Alcoa en A Coruña

Joachim Magin estaba en busca y captura por la Audiencia Nacional | El director de Parter acusa a su antiguo socio de quedarse los trece millones que pagó Domenech por las plantas

Carteles a la entrada de las instalaciones de Alu Ibérica en A Grela. |   // VÍCTOR ECHAVE

Carteles a la entrada de las instalaciones de Alu Ibérica en A Grela. | // VÍCTOR ECHAVE / Saúl Fernández

Sául Fernández

Joachim Magin está detenido. Este ciudadano alemán tenía sobre sí una orden europea de busca y captura dictada por el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional que lo buscaba como protagonista del caso de descapitalización fraudulenta de las antiguas fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés.

Y es que en julio de 2019 fue quien rubricó el acuerdo de compraventa de las fábricas —por un euro— en nombre y representación de la sociedad Blue Motion Technologies Holding Ag, el vehículo creado por Parter Capital Group, el fondo financiero germanosuizo dirigido por Rüdiger Terhost, que este pasado viernes pasó a declarar por la Audiencia Nacional después de meses también perdido para la instrucción del caso de vacío planificado de las dos alumineras.

La importancia de Magin en la trama que ha llevado al paro a medio millar de trabajadores es radical. Selló la compra y también selló la venta —en abril de 2020— de las dos fábricas. En este último caso, con el investigado por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech, que actuó como representante de un ficticio Grupo Industrial Riesgo que se presentó, en aquellas primeras semanas del confinamiento, ante los representantes sindicales por medio de una videoconferencia. En este caso, la operación multiplicó por 13 millones de euros el coste de la adquisición de las plantas de aluminio primario.

Esto —el origen de los 13 millones de euros— es lo que la instructora, María Tardón, está tratando de dilucidar. Sobre esta circunstancia Terhost fue interrogado por la jueza este pasado viernes. Según, la agencia Efe, el director de Parter Capital negó ante la juez que la venta de las plantas a Domenech estuviera decidida desde el comienzo, y explicó que no comprobaron la solvencia de Grupo Industrial Riesgo —la entidad comercial bajo cuyo amparo operaba Domenech y su socia Alexandra Camacho—. Cuando le preguntaron sobre el pago de los 13 millones, Terhost señaló que fue “hace poco” cuando descubrió que Joachim Magin, “que es un hombre muy astuto” organizó el pago de otra manera.

Según la agencia Efe, Terhorst también acusó a Magin de engañarle y de quedarse con 13 millones de euros, cantidad que Grupo Industrial Riesgo debía desembolsar al fondo suizo para hacerse con el 75 % de las acciones pero que en la práctica salieron de la propia tesorería de la empresa. Domenech declaró en varias ocasiones que esto lo hizo por medio de una asistencia financiera, esto es, sacó de las cuentas de la empresa que quería comprar el dinero que tenía que abonar por la propia empresa. Y en el verano de 2021 prometió devolver ver estos 13 millones si la jueza no le quitaba el control de su empresa (finalmente lo hizo).

Rüdiger Terhost, de Parter Capital, y Marc Pereira, de Alcoa. |   // DAVID FERNÁNDEZ / EFE

Rüdiger Terhost, de Parter Capital, y Marc Pereira, de Alcoa. / // DAVID FERNÁNDEZ / EFE

La querella que presentó primero la Confederación de Cuadros y a la que se adhirieron, después, todas las demás federaciones de industria representadas en los antiguos comités de empresa (A Coruña y Avilés), sostiene que se planeó el pase de las plantas de Alcoa a Parter para trasladar, después, su titularidad al Grupo Industrial Riesgo de Domenech y su socia, y ahí es donde la magistrada aprecia indicios de administración desleal o apropiación indebida por parte de Joachim Magin, el último personaje de la crisis.

En A Coruña, el proceso para la venta de Alu Ibérica entra en la recta final. Las empresas interesadas tendrán que desembolsar 45,1 millones de euros, un 64% más barato que el pasado septiembre, cuando los administradores concursales de la planta gallega abrieron el plazo de recepción de ofertas económicas por las instalaciones.

El proceso de venta se estructuró en tres fases. En la primera, el precio de la planta era igual a la mitad del valor de la unidad productiva (suelo e instalaciones), es decir, los administradores concursales de Agrela pedían 125 millones. En la segunda fase el precio bajó a 75 millones y ahora es cuando se abre la tercera fase: 45,1 millones.

El paulatino descenso del precio se debe a que los administradores concursales de Galicia no recibieron ninguna oferta ni en el período reservado para la primera fase, ni para la segunda. La tercera está abierta hasta el 2 de marzo. Si ese día no hay una oferta encima de la mesa de los administradores concursales comenzará el período del troceo de la fábrica —venta por lotes— porque, aunque la intención de los responsables de la fábrica gallega es, como la de los administradores de la planta avilesina, la venta en globo, van a seguir manteniendo la obligación de convertir en dinero cada una de las instalaciones, propiedades, elementos mobiliarios e inmobiliarios de la compañía.

El Ministerio de Industria también manifestó su “satisfacción” por el resultado del referendo y reiteró su “compromiso de hacer lo que esté en su mano para garantizar la viabilidad y las capacidades productivas”. Fuentes del equipo liderado por Reyes Maroto trasladaron que mantendrá la comisión de seguimiento sobre la planta de A Mariña en la que participan representantes de administraciones, empresa y trabajadores.

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Los trabajadores de la planta de Alcoa en San Ciprián, en la provincia de Lugo, aprobaron modificar el acuerdo que alcanzaron el comité de empresa con la dirección de la multinacional de diciembre de 2021 para apagar las cubas de la fábrica de aluminio primario a cambio de inversiones de más de 100 millones de dólares. Esta modificación implica, entre otras cuestiones, retrasar el rearranque completo de la fábrica de aluminio primario, previsto inicialmente para enero de 2024, hasta octubre de 2025, a cambio de una serie de mejoras laborales y una inversión global en la fábrica que supera los 190 millones. En el referendo convocado por el comité de empresa para ratificar o rechazar la modificación del acuerdo han ejercido su derecho a voto 831 trabajadores, sobre un censo de 1.060 empleados. Roy Harvey, el primer ejecutivo de la multinacional, señaló que la modificación del acuerdo les da “flexibilidad adicional” para reiniciar sus procesos.

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