Empleados de Alu Ibérica culpan a la Xunta de participar en “la especulación” de la fábrica

Los trabajadores, que llevan sin cobrar el finiquito desde el pasado mes de mayo cuando fueron despedidos, retoman las movilizaciones el próximo martes en la planta de Agrela

Una de las últimas movilizaciones de los trabajadores de Alu Ibérica en abril de 2022. |   // M. DYLAN

Una de las últimas movilizaciones de los trabajadores de Alu Ibérica en abril de 2022. | // M. DYLAN / Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

Los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña siguen sin cobrar sus indemnizaciones diez meses después de ser despedidos. Además, denuncian la “incompetencia” de las administraciones por no haber conseguido una salida industrial a la planta de Agrela. Por estas dos razones, retomarán las movilizaciones el próximo martes delante de la fábrica.

Los empleados aseguran estar cansados de la situación y en una rueda de prensa celebrada ayer, el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho (CCOO), cargó contra la Xunta; el Ministerio de Industria; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el vicepresidente del Ejecutivo gallego, Francisco Conde; la oposición; los políticos en general; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el Fogasa; la administración concursal y los 17 compañeros que han recurrido por la vía judicial el acuerdo al que habían llegado con Alcoa para cobrar las indemnizaciones por sus despidos.

En primer lugar, Corbacho denunció la “incompetencia” de las administraciones, tanto de la Xunta como del Ministerio de Industria, para buscar una “salida industrial” a la fábrica. “El Ministerio de Industria y la Xunta siempre nos dijeron que había posibilidades de soluciones industriales. Se constata una vez más que todo es una gran mentira”, subrayó para acusar a continuación al Ejecutivo gallego de “estar participando en una especulación de los terrenos de Alu Ibérica”.

Por eso censuró la visita, la semana pasada del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la factoría vecina de la firma industrial Resonac, como se denomina ahora la antigua planta del grupo japonés Showa Denko. “Se presta a ir y a decir que son interesantes los terrenos de Alu Ibérica y esa misma semana la subasta queda desierta”, prosiguió.

El sindicalista trasladó su “sorpresa” por el hecho de que en la subasta de la unidad productiva, “no se presentase ninguna propuesta”. “¿Dónde están esos inversores de los que se hablaba?”, señaló Juan Carlos López Corbacho, quien aseguró que aun se sienten “trabajadores” por no haber recibido todavía ninguna indemnización.

“Sería escandaloso que un día de estos apareciese una empresa en la fábrica con fondos europeos [en referencia a Showa Denko], estando los trabajadores despedidos y sin indemnizaciones”, advirtió otro miembro del antiguo comité de empresa, Cito Paseiro, de UGT.

Corbacho recalcó que la producción de aluminio en España es rentable, puesto que se abren nuevas fábricas en otros puntos, y censuró que el vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, asegure que “es un tema de la electricidad” cuando “ese no es el problema”.

Junto a las administraciones, culpó también a los grupos de la oposición por “no ser capaces de poner las pilas a estos gobernantes”. Y sobre los políticos en general reconoció que los trabajadores de Alu Ibérica están “cansados” de que acudan a hacerse “una foto” y luego los abandonen: “No vamos a permitir una escena de esas nunca más”.

También tuvo palabras críticas para la administración concursal al arremeter contra la “desinformación” por parte del administrador. De “nefasta” calificó su gestión para los “intereses” de la plantilla. “Sin cobrar ni un solo euro de las indemnizaciones y casi un año despedidos”, apostilló el dirigente sindical.

En este punto se mostró muy crítico con el fondo de garantía Fogasa, “que deniega esas indemnizaciones”, dijo. “El Fogasa debería adelantarlas”, insistió Corbacho, quien demandó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que “se ponga las pilas” y “resuelva” la situación laboral de los trabajadores a los que, en algún caso, se les adeudan también dos años de salarios, sin que ninguno esté recolocado.

Detrás de la decisión del Fogasa está el acuerdo entre Alcoa y los empleados recurrido ante el Tribunal Supremo por parte de un grupo de trabajadores a los que Corbacho instó a reconsiderar su posición. “Existen otros recorridos judiciales”, añadió, antes de alertar de que “más de 600 familias” de A Coruña y Avilés puedan percibir sus indemnizaciones sin perjudicar las posibles demandas existentes de “17 trabajadores”.

Suscríbete para seguir leyendo