La Xunta aspira a gravar las líneas de los futuros parques eólicos marinos

La Xunta cumplió el guion y la reunión semanal ayer del Gobierno gallego dio vía libre a la tramitación de la futura ley de Promoción de beneficios sociales y económicos que utilicen los recursos naturales. El propio Alfonso Rueda lo avanzó hace unos días durante su visita al parque eólico experimental de Sotavento, donde la administración autonómica es principal accionista, para participar directamente en la gestión y los beneficios de proyectos renovables a través de una sociedad público-privada. El presidente autonómico no dio muchos más detalles ayer, ni siquiera si la vocación de su Ejecutivo es que esa presencia pública tiene vocación de control. Que la Xunta llegue a ser el primer socio. Rueda argumentó que este es solo el primer paso de una consulta pública previa.

¿Por qué ahora? Al jefe del Ejecutivo autonómico le preguntaron por el claro giro de la política energética de su equipo, que opta por un modelo que los populares criticaron con dureza como arma arrojadiza contra el bipartito antes de su vuelta a la Xunta. “Estamos en un proceso maduro en el agrado de desarrollo de renovables”, justificó Rueda.

Sí sacó el presidente otra de las novedades a las que se quiere dar forma en la ley. Además de la creación de esa sociedad, una utility para participar o, directamente, promover parques eólicos y otras iniciativas similares, la intención de la Xunta es gravar las líneas de conexión a tierra de los parques eólicos marinos que se ubiquen en alguno de los cinco polígonos identificados como aptos en la comunidad en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).

Suscríbete para seguir leyendo