El Supremo ratifica la condena a Castellano y al resto de la excúpula de Ono por el IVA

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha respaldado la tesis de Vodafone y ha confirmado la condena a los tres principales exdirectivos de Ono por el caso conocido como fraude del IVA, al desestimar los recursos interpuestos contra las sanciones de la Audiencia Provincial. El fallo condena al expresidente de Ono, José María Castellano, a la exconsejera delegada, Rosalía Portela, y al exdirector financiero de la empresa, Carlos Sagasta, a abonar los importes de IVA entre el 30 de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2014, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.

El caso ha tardado en dirimirse varios años en los tribunales y se remonta a un fraude detectado por la Agencia Tributaria (AEAT) en 2014. Tras conocerse el fraude, Vodafone denunció a la cúpula de la operadora de cable por falta del deber de diligencia, la infracción de los deberes de lealtad, al ocultar a la sociedad matriz su implicación en el fraude, y los daños ocasionados a la compañía. La deuda con la Agencia Tributaria descubierta ascendió a 72,5 millones en tres años, contando intereses, recargos y sobrecostes internos, según explicó el operador en su demanda a los directivos.

El Supremo respalda así en líneas generales el fallo previo de la Audiencia Provincial, si bien rebaja en dos meses el cómputo final para tener en cuenta la multa, ya que anteriormente debían abonar el IVA en el periodo entre febrero y agosto. La cantidad final a abonar deberá ser dirimida en las próximas fechas.

La Agencia Tributaria puso en conocimiento de los indicios de fraude a una empleada de CableEuropa, filial de Ono, el 4 de febrero de 2014. Ese mismo día, la empleada trasladó a sus superiores cómo funcionaba un fraude carrusel de IVA. En el correo, según recoge el Supremo, “daba los nombres de los proveedores implicados que le habían facilitado los inspectores, con indicación de que podría haber más”. El fraude está relacionado con la reventa de llamadas internacionales. Posteriormente, el 30 de abril, los inspectores de la AEAT se reunieron con los directivos de CableEuropa para presentarles el caso, tras anunciarle su intención de abrir una inspección. La exconsejera delegada defendió en la reunión que no creía que hubiera pruebas concluyentes y que se mantendrían los servicios de reventa para evitar perder cuota de mercado. Investigaciones posteriores a nivel interno acabaron motivando que Ono colaborara y firmara el acta de conformidad. Tras esto, Vodafone interpuso la demanda, que inicialmente cifraba los daños en más de 140 millones de euros.