Garamendi acusa al Gobierno de no cumplir con el ejemplo en el SMI y la reforma laboral

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este jueves en Zaragoza que el Gobierno de España “no cumple” con la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) en la licitación pública de servicios, al no indexar las subidas en el valor de los contratos, ni tampoco con la última reforma laboral, ya que el Estado sigue teniendo un nivel de temporalidad del 30% mientras que el sector privado lo ha reducido del 24% al 15% desde la entrada en vigor de la normativa. “No tiene poco sentido que nos marque una senda cuando luego no cumple”, ha reprochado.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la subida del SMI el próximo año, una cuestión en la que la patronal y el Ministerio de Trabajo vuelven a diferir. Garamendi ha visitado la capital aragonesa para participar en el Foro de Movilidad Sostenible organizado en el Mobility City y en sendas reuniones de los comités ejecutivos de la CEOE de Zaragoza y Aragón.

Sobre la propuesta de la patronal para el salario mínimo, presentada el pasado miércoles, ha defendido que lo que plantea la CEOE es “que la gente cumpla sus acuerdos”, en alusión al último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2023-2025 firmado por Gobierno de España, las organizaciones empresariales y los sindicatos el pasado 10 de mayo, que recoge una subida salarial del 6% en los próximos dos años.

En este sentido, ha recordado que el SMI ha subido un 48% en los últimos años, aunque ha aseverado que “no estamos diciendo que no” a la negociación anunciada por el nuevo Gobierno, pero “sí que se cumplan los compromisos anteriores”, lo que pasa por un alza del 3% en 2024 más otro 3% en 2025.

En este punto, ha instado al Gobierno a actualizar las alzas salariales en los presupuestos de los contratos públicos porque, a su juicio, “no puede ser” que ese incremento de costes laborales se aplique a costa de reducir los márgenes de rentabilidad de las empresas concesionarias “y muchas están en pérdidas”.

El presidente de CEOE ha avisado de que las organizaciones empresariales irán por la senda ya acordada y que “el SMI es una competencia del Gobierno, previa consulta a los agentes sociales, y hará lo que tenga que hacer”.

Ha reclamado además que se tenga “muy presente” la situación del sector agrario, “que tiene problemas y se está ahogando”. “No vale con ir subiendo y subiendo los salarios”, ha agregado. También ha opinado que se deberían tener los diferentes sueldos medios que hay en cada comunidad autónoma, porque algunas “ya están por encima” del nivel que marca la Carta Social Europea, que recomienda que la retribución mínima sea superior al 60% del salario medio.

“Tampoco estamos de acuerdo con que nos saquemos de la manga, como suele ser habitual en este caso, un grupo de expertos, de sabios, que realmente los expertos son las empresas, especialmente las pequeñas empresas, los agricultores, los comerciantes, los hosteleros”, ha criticado.

Por otra parte, los sindicatos CCOO y UGT emitieron ayer un comunicado conjunto en el que critican por “insuficiente” la propuesta de la patronal CEOE para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.080 euros brutos (en 14 pagas) a 1.112 euros. Las centrales todavía no han fijado posición común ni han trasladado cuánto debiera subir el suelo salarial, que actualmente afecta a unos tres millones de ocupados en toda España.

El salario mínimo debe “garantizar los estándares europeos de dignidad y suficiencia” y el incremento del 3% que ofrecen los empresarios, según consideran los sindicatos, no encaja con ello.

Las principales centrales sindicales han solicitado públicamente al Gobierno que convoque «cuanto antes» la mesa de diálogo social para empezar a concertar con la patronal un incremento que contente a todas las partes. Antes, el Ejecutivo debe reunir a su comité de expertos para que le brinde una horquilla orientativa sobre cómo debiere aumentar este suelo salarial. Siempre bajo la referencia de ir acompasando la cuantía concreta al equivalente del 60% del salario medio en España.

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