Pablo Bustinduy: “Hay tanto interés en el 18-F porque Galicia tiene en sus manos abrir un tiempo nuevo”

Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) visita este fin de semana Galicia para apoyar la candidatura de Marta Lois con quien participará hoy en un mitin en A Pobra do Caramiñal. Durante la visita, atiende la llamada de Prensa Ibérica para charlar sobre los retos inmediatos de su Ministerio, el incierto futuro del Gobierno de coalición y los comicios del 18-F

¿Cuál es la principal preocupación de su Ministerio?

En las próximas semanas vamos a llevar dos leyes al Consejo de Ministros, la Ley de familias y la Ley de servicios de atención a la clientela. Dos leyes cuya tramitación parlamentaria se vio truncada por el adelanto electoral y que representan dos hitos de expansión de derechos, uno en el ámbito de la protección social de las familias y el otro en el ámbito de la protección de las personas consumidoras. Son dos prioridades que sintetizan muy bien cuál es nuestra política: afianzar un modelo de bienestar en España.

La Ley de familias busca equiparar la protección jurídica de las parejas de hecho y los matrimonios e incrementar la protección de las familias monoparentales.

Exacto, son tres de los puntales de esta ley. En primer lugar, el reconocimiento jurídico de la igualdad de derechos de todos los tipos de familia que existen en España. En segundo lugar, la equiparación de derechos entre las parejas de hecho y los matrimonios, que es una reivindicación histórica. Finalmente, redoblar la protección de las familias monoparentales, en su gran mayoría monomarentales. Estos tres pilares y otros muchos aspectos de la ley representan un hito en la protección social en España y por eso es tan importante que salga adelante. 

También plantea una renta universal por crianza de 100 euros mensuales hasta los tres años. ¿Esta medida puede ser un acicate para el fomento de la natalidad en comunidades, como Galicia?

España es una excepción en la UE, ya que no tiene una prestación universal por crianza. Desde Sumar defendemos que debería existir una prestación universal que cubriera de los 0 a los 18 años y que tuviera un importe de 200 euros mensuales. Este es nuestro objetivo y es para lo que vamos a trabajar. Ahora bien, lo que está reflejado en el acuerdo de Gobierno es garantizar una protección casi universal entre los cero y los tres años, con un impacto económico incorporado en los Presupuestos del Estado. Estamos negociando en las cuentas de este año extender esa protección hasta los seis años. Creemos que es un primer paso, insuficiente, pero un primer paso para conseguir ese objetivo de una protección universal por crianza en España. Es algo que redundará en beneficio no solo de la demografía, ni del bienestar de las familias, sino también para paliar los índices de pobreza infantil, que están escandalosamente altos todavía en España. 

El Gobierno anunció ya que al final de la legislatura financiará el 50% de la dependencia en Galicia. ¿Este incremento en la aportación vendrá acompañado de algún tipo de cláusula sobre la gestión que haga la Xunta de ella?

En la legislatura anterior, el Gobierno de coalición duplicó la financiación a la dependencia en Galicia. Se pasó de 97 a 206 millones. Tenemos el compromiso no solo de mantener, sino de multiplicar este esfuerzo para que lleguemos al 50% de la financiación a final de la legislatura. Ahora bien, este aumento de la financiación no va solo de poner más fondos a disposición del sistema tal y como está, también hay que transformarlo. Necesitamos una revolución del modelo de cuidados que ponga a las personas en el centro. Es decir, que puedan permanecer en su casa mientras lo deseen el mayor tiempo posible porque se les atiende a domicilio y su calidad de vida mejora. Y nosotros pensamos que ese modelo tiene que ser de titularidad pública. Este aumento histórico de la financiación de la dependencia tiene que ir vinculado a un cambio de modelo.

¿Cuándo verá la luz la Ley de servicios de atención a la clientela?

En las próximas semanas llegará al Consejo de Ministros. Es una ley que va a garantizar eso, que nos atienda una persona y no una máquina o que las empresas tengan que atender a las personas consumidoras en menos de tres minutos. Se acabó de esperar eternamente en llamadas telefónicas que no acaban nunca. Pondremos coto a los abusos de las empresas y partiendo, sobre todo, de una premisa: las empresas no pueden robarle el tiempo a la gente. El servicio debe ser accesible, respetuoso y eficiente y de calidad. Haremos valer los derechos de las personas consumidoras que demasiado a menudo se ven en una posición de desigualdad estructural con las empresas y se permite que sus derechos no sean respetados, que se produzcan abusos e incluso que se produzcan fraudes. Es labor del Ministerio acabar con esa situación. 

El Gobierno arrancó la legislatura defendiendo la necesidad de continuar avanzando en la agenda social. ¿Es esto posible dependiendo de un partido como Junts para que las medidas salgan adelante? ¿Cree que agotarán la legislatura?

Estoy convencido de que la legislatura va a durar. Pese a lo que decían las encuestas, la ciudadanía votó el julio pasado para darle al nuevo Gobierno el mandato de profundizar en la agenda de expansión y consolidación de derechos sociales. Por tanto, mi determinación es absoluta. Construiremos los consensos necesarios para que esa agenda se haga realidad y España sea un país más justo, con más igualdad y con más bienestar. Vivimos en un tiempo de grandes incertidumbres geopolíticas, de grandes crisis ambientales y la única manera de responder a esto es por medio de la justicia social. Esa es la tarea que salió de las urnas, y que por tanto tiene este Gobierno y mi Ministerio por delante.

¿Cree que esa dependencia del voto de Junts puede hacer que a ustedes (Sumar) les cueste más arrancarles según qué medidas al PSOE? 

Yo creo que la composición del Congreso es compleja, pero esa complejidad es un reflejo de la sociedad española, tanto en el sentido plurinacional como ideológico. No obstante, creo que en materia social existen amplísimos consensos que tenemos que articular, expresar y traducir políticamente. Por ello, mi tarea en el Ministerio es conseguir que salgan adelante reformas que ya suscitan ese amplísimo acuerdo social, como la protección de las familias, la protección de un consumo sostenible o la mejora de los servicios sociales. Ya he tendido la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlo.

La Ley de Amnistía será el principal escollo para el Gobierno de coalición de cara a agotar la legislatura. ¿El Gobierno está realizando la pedagogía necesaria tratándose de una propuesta con una regulación y características tan específicas?

La Ley de Amnistía es un asunto muy sensible y hay mucha gente que tiene inquietud o que no comparte sus propósitos. Lo que digo siempre es que la ley de amnistía va a demostrar su valía en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a servir para resolver un conflicto de manera democrática y dialogada. Dentro de unos años, miraremos atrás y diremos: es lo que había que hacer. En el último CIS, tan solo un 1% de la población señalaba a Cataluña como uno de sus principales problemas. Esto prueba que la hoja de ruta que ha seguido el Gobierno de coalición funciona. Por otro lado, es evidente que hay actores políticos que no quieren solucionar el tema catalán y tienen interés electoral en mantener el conflicto porque les sirve para ganar votos. Lo hemos visto también en la campaña gallega, donde se habla tanto de amnistía para no hablar del futuro de Galicia. La ciudadanía tiene que distinguir cuáles son las intenciones de los distintos actores políticos y discernir entre quién defiende el interés general y quién defiende su propio interés particular. 

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