"Imagínate que es un jardinero el que da clases a los futuros conductores o una peluquería la que monta el negocio", plantea Antonio Bugallo, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Pontevedra. Los profesionales de este sector de educación vial han mostrado abiertamente su rechazo a la posibilidad de que se permita a otros centros que no sean autoescuelas y a personas no profesionales impartir las lecciones teóricas.

El Gobierno plantea estos cambios en el ámbito del cumplimiento de una directiva europea que pretende "acabar con la cultura de autorizaciones para todo", en palabras de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. De este modo, los centros de enseñanza teórica podrán funcionar con una simple comunicación de inicio de actividad.

El decreto ley llamado Omnibus afecta a la flexibilización de protocolos administrativos en el sector servicios, a nivel general. Lleva en trámite parlamentario desde que fue aprobado el 12 de junio. Pero lo que más ofende dentro del sector de aprendizaje automovilístico es que "no se haya hecho, como en otros países europeos, una consulta a los expertos y los profesionales que se verán afectados", lamenta Bugallo.

La reacción de la Confederación Nacional de Autoescuelas ha sido tajante: "Con el problema de la crisis, si encima se quita una parte del trabajo a las autoescuelas, van a peligrar bastantes puestos laborales", aseguró su presidente, José Miguel Báez. La implantación de esta Directiva de Servicios en la calidad de la enseñanza en la conducción, que pretende liberalizar el negocio de las autoescuelas, es "innecesaria, -añadió Báez-, porque en España hay unas 9.000 que ya compiten fieramente entre ellas".

"¿Qué garantías ofrecerían los nuevos conductores si se permitiese formar teóricamente a academias y otros centros no profesionales?", se cuestiona Bugallo. "¿Quién se hará responsable de las muertes en carretera? Queremos reducir la mortalidad pero a la vez tirar a la basura todo el camino que hemos hecho para mejorar la seguridad vial", reflexiona.

Y es que los últimos años se ha puesto en marcha una mejora de las infraestructuras -como el carné por puntos, radares de control de velocidad, reforma del código penal...- que ahora podría peligrar con "un nuevo sistema deficiente en formación, lo cual sería tirar piedras contra nuestro propio tejado".

Respecto a la flexibilidad en la docencia que pretende imponerse, Bugallo no duda: "Pese a que la asistencia ya no es obligatoria, el 90% de los alumnos asiste a clases presenciales antes de presentarse al test de la DGT".

Así, la media de intentos en España es de dos, mientras que en otros países de la Unión Europea, donde hay mayor incidencia de formación teórica por libre, los intentos suben hasta quince por persona, según la Confederación Nacional de Autoescuelas. "Esto demuestra que vamos por el buen camino, y que internet no podrá sustituir en ningún caso al profesor, que resuelve dudas, y al aprendizaje colectivo, que es más eficaz", afirma sin dudarlo Antonio Bugallo desde Pontevedra.

"Al fin y al cabo, siempre habrá que pasar por el filtro de la DGT, que ya se aqueja de problemas burocráticos ante la cantidad de centros y de alumnos; al ampliar los centros sería consolidar a la pescadilla que se muerde la cola, no podrá haber inspecciones ni garantías", advierte. " Todo el sector está en contra porque una flexibilización incontrolada va a perjudicar a nuestro trabajo, y a la protección y seguridad al volante de la ciudadanía en general", se queja Bugallo.

Así que los portavoces de las autoescuelas no descartan que los profesionales y empleados de lo estos centros se movilicen para defender sus puestos de trabajo. "No queremos hacer un escándalo, pero si el Gobierno no cuenta con nosotros para establecer la directiva, tendremos que hacernos oír en la calle", desvela. Además, Bugallo tiene claro quién sacará provecho de esta "liberalización": "Serán las academias en manos de sindicatos los interesados en dar las clases, si no, ¿con qué objetivo no se nos avisa con tiempo a las autoescuelas?".