La Consellería de Traballo e Benestar confirmó ayer la contratación de 60 trabajadores procedentes de la empresa Plexus, que está vinculada a ex altos cargos del Partido Popular, y aseguró que realizan gestiones informáticas que tienen como objetivo "agilizar" la tramitación de la ley de dependencia aunque negó que su trabajo esté relacionado "con el tratamiento de los expedientes o con el proceso de valoración o resolución".
De este cometido, según resaltaron fuentes de la Consellería, se encarga el personal funcionario y laboral contratado, que cuenta con "la experiencia profesional a la que obliga la propia ley de dependencia", y cuyo cuadro ha sido ampliado en "más de 40 personas". Ambas medidas se enmarcan en "un programa especial" para "agilizar" la tramitación, que incluye una inyección económica de casi 60 millones de euros.
La respuesta de la Xunta se produjo tras la denuncia de la Confederación Intersindical Galega (CIG), según la cual el Gobierno gallego está cediendo "ilegalmente" trabajadores para tramitar "datos sensibles" relacionados con la ley de dependencia. Así, el departamento autonómico explicó que la contratación de este apoyo técnico tiene como objetivo "mejorar" el programa informático para ejecutar la tramitación de los "más de 6.000 expedientes" que entrarán antes del primer cuatrimestre de 2010.
"Se trata de dar salida a los expedientes atrasados y mejorar así la respuesta a los solicitantes", puntualizó, y avanzó también que el contrato finaliza la primera quincena de febrero. Además, garantizó que "se hizo de forma completamente legal" y "a través de un procedimiento amparado por la tramitación de urgencia", al tiempo que aclaró que "todos los trabajadores están sometidos a la ley de protección de datos".
Por todo, Benestar lamentó las acusaciones referidas a la citada contratación, puesto que "en ningún caso" se trata de "cesión ilegal" sino de "un contrato temporal" con el fin de "agilizar" el proceso de tramitación y "ejecutar la inyección de 60 millones de euros destinados a pagar los atrasos a más de 6.000 dependientes".
El secretario nacional de la CIG-Administración Autonómica, Manuel Gallardo Canitrot, había denunciado por la mañana la "cesión ilegal" de más de 60 trabajadores por parte de la empresa Plexus SL a oficinas de la Xunta de toda Galicia y alertó de que están tramitando "datos sensibles" vinculados con la ley de dependencia. El sindicato había exigido al Gobierno gallego que "rompa de inmediato" el contrato -del que no hay constancia "pública"- y que habilite personal por los cauces reglamentarios, en relación a las listas de contratación y al concurso oposición.
Manuel Gallardo reprobó además el "oscurantismo máximo" que envuelve la contratación de estos 60 trabajadores y admitió que han tenido constancia de sus funciones a través "de una labor detectivesca" en la visita directa a los centros puesto que "no hay ninguna publicación" en el Diario Oficial de Galicia (DOG) sobre su proceso de contratación ni figura en la web de la Consellería de Traballo e Benestar, "en contra de la ley de transparencia".
El sindicato denunció además los "vínculos" de la firma Plexus con el Partido Popular y, en concreto, con el ex conselleiro de Cultura en el último Gobierno de Manuel Fraga, Xesús Pérez Varela. De hecho, apuntó que esta firma tiene como apoderado a Antonio Agrasar Cascallar, asesor de la Xunta y de la Televisión de Galicia (TVG) en tiempos de Fraga. Junto a él, también fue directivo de Plexus Xosé María Sánchez González, ex secretario xeral de Cultura con Pérez Varela.
El sindicato también recordó ayer en rueda de prensa que una de las más recientes adjudicaciones de la firma Plexus fue la página web del Xacobeo 2010. "Curiosamente cumplía con los requisitos del pliego antes de la adjudicación e incluso se procedió a la apertura de las ofertas económicas sin presencia de otras empresas candidatas", manifestó Manuel Gallardo.
