El Consello Social e Económico, órgano que agrupa a representantes de los sindicatos, empresarios, universidades y asociaciones de consumidores, emitió ayer un informe crítico sobre la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas que acompañarán a los presupuestos de la Xunta para 2012. Entre otros aspectos, el CES censura la decisión del Gobierno gallego de aplicar nuevas tasas y encarecer otras en un momento de profunda crisis económica, por considerarlas inoportunas y generalizadas.
La ley de acompañamiento prevé subir el impuesto que grava el consumo del agua, la depuración y el saneamiento, así como crear nuevas tasas por ocupar la vía pública y por la explotación de embalses destinados al abastecimiento, además de revisar los tributos correspondientes al juego y aplicar otros nuevos sobre el juego on line o las llamadas telefónicas para participar en sorteos o concursos de televisión o radio que utilicen un número con tarificación adicional.
"El CES quiere manifestar la falta de oportunidad ante la introducción generalizada de nuevas cargas económicas a la ciudadanía y al tejido empresarial, en un momento en que las dificultades por las que atraviesan las empresas y las familias hablan por sí solas, pues se introduce, por una parte, nuevas tasas, se modifican al alza otras y además se incorporan en su configuración elementos que podían vulnerar el principio de equivalencia", se recoge en el dictamen elaborado por el órgano de representación que ahora preside Corina Porro.
El CES entiende que la Xunta se deja llevar por un mero interés recaudatorio, como con la nueva tasa que grava las llamadas telefónicas con tarificación adicional para participar en concursos televisivos. "La aplicación de este impuesto supone un preocupante interés por la recaudación de estas modalidades de concursos que nada tiene que ver con una política tendente a la protección de las personas consumidoras y de sus legítimos intereses económicos", reprocha el informe.
Si bien el Consello Económico e Social aprueba la decisión de la Consellería de Medio Ambiente de eximir del canon del agua a las familias en situación o riesgo de exclusión social, solicita que también queden liberados de pagar esta tasa aquellos hogares donde todos sus miembros estén en paro.
El CES reclama también que se elimine la tasa de 10 euros por la reposición de la tarjeta sanitaria, como prevé la ley, ya que es una cantidad "exagerada", porque la tarjeta es un elemento imprescindible para recibir asistencia.
También discrepa el CES de la posibilidad de que la Xunta autorice a algunas farmacias del rural eliminar la guardias nocturnas. Para el órgano que preside Porro, esta opción podría forzar a los usuarios a tener que desplazarse para acceder al servicio y se dejaría abierta la puerta a una deficiente prestación a las áreas geográficas más deprimidas. Esta opinión, sin embargo, no es compartida por la patronal, pues la ve como excepcional y solo para racionalizar el gasto del sector sin que eso signifique un peor servicio.
Ya con carácter general, el CES reprocha a la Xunta que recurra de nuevo a una ley de acompañamiento de los presupuestos para modificar otras normas, ya que se trata de una técnica legislativa "inadecuada". El recurso a este método provoca "inseguridad jurídica" por la regulación de materias distintas, al incrementar la dispersión de las normas reguladoras, lo que dificulta su localización y entendimiento.
Además, el CES apunta que esta dispersión dificulta su propio trabajo y critica que la "unión política" de esta ley a la de presupuestos obliga al trámite por el procedimiento de urgencia.
El Bloque arremetió ayer contra los presupuestos de la Xunta para 2012. Su portavoz parlamentario, Carlos Aymerich, aseguró que muestran el "fracaso sin paliativos" del Gobierno y advirtió de que contemplan 422 millones de euros de financiación privada, lo que en su opinión suponen una "deuda" no computada como tal.
Según los datos de Aymerich, la deuda gallega ascenderá el año que viene a 7.600 millones de euros mientras que la herencia delgobierno bipartito de socialistas y nacionalistas fue de casi 3.300.
Además, Aymerich censuró que "condene al parto" a más de 215.000 gallegos al aspirar a tener una tasa de paro del 16,4% después de que tomase posesión con un porcentaje del 12,2%.
Por su parte, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Pontevedra, Carmela Silva, se centró en la educación y acusó a la Xunta de mantener la misma línea el año que viene después de aplicar "las siete plagas" a la educación y aplicar un descenso del 26,8% en becas universitarias, un 50% en Formación Profesional y un 12,4% en la financiación universitaria global.
