Gran Bretaña desarrolló una fuerte actividad diplomática en las últimas semanas para lograr que países del Mercosur dejaran de ser "cómplices" de Argentina y permitiesen el acceso libre a sus puertos a los pesqueros -entre ellos 18 de empresas mixtas de armadores gallegos y malvineros- y mercantes procedentes de Malvinas.
El secretario de Exteriores británico, William Hague, aseguró que Uruguay, Brasil y Chile se comprometieron a que "todo el transporte comercial relacionado con el archipiélago seguirá teniendo acceso a sus puertos si llevan la insignia roja británica u otra bandera nacional". Este es el caso de los congeladores gallegos de empresas mixtas, que descargaban sus capturas en el puerto de Montevideo para enviarlas a España a bordo de buques y portacontenedores frigoríficos.
El ministro William Hague aseguró ayer que los tres países decidieron no participar en la política de boicot auspiciada por Argentina, que considera que el archipiélago de las Malvinas es de su propiedad. Con el boicot, Buenos Aires pretendía ahogar la economía de las islas y a todas las empresas -como en el caso de las gallegas- que tienen intereses allí.
El secretario de Exteriores británico manifestó que la veda portuaria era ilegal y exhortó a estos tres países a plegarse al intento argentino de "intimidar a una población civil inocente mediante la presión económica".
Hague dio cuenta de las gestiones diplomáticas que Londres realizó en los tres países, después de que el Mercosur emitiera una declaración rechazando la posibilidad de permitir el uso de sus puertos a barcos con bandera de las islas Malvinas, lo que complicaba la actividad de los pesqueros gallegos con bandera malvinera.
El político británico señaló que la reacción de su Gobierno fue "justificadamente robusta" ante la medida adoptada por el bloque regional. Además, confirmó que había convocado al embajador uruguayo en Londres y que se había comunicado en dos ocasiones con el canciller de ese país, Luis Almagro, para "recalcarle seriamente nuestra preocupación por el boicot".
Representantes de la flota española en los caladeros del Atlántico Suroccidental con pabellón español -Anamer- y de la patronal pesquera -Cepesca-, Manuel Liria y Javier Garat, también habían mantenido el pasado 23 de diciembre reuniones con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores español para denunciar la presión a la que eran sometidos los pesqueros españoles en la zona por parte de las patrulleras argentinas en su tránsito de entrada o salida del puerto de Montevideo.
Los portavoces de los armadores habían demandado al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que realizasen gestiones ante el Ejecutivo argentino para que sus patrulleras acataran la legislación marítima internacional y respetasen el derecho de los buques al "paso inocente" y a la navegación por sus aguas.
Argentina prohibió la entrada en su territorio a todos los barcos procedentes del archipiélago malvinero, lo que fuerza a la flota gallega a dar un rodeo para llegar a Uruguay.
