La peor semana desde su entrada en Moncloa se acaba para el presidente del Gobierno con el abrazo de los barones de su partido, la mayoría con el timón de mando en sus respectivos territorios, al duro ajuste de 27.300 millones en los presupuestos y la tijera adicional, sin mucho detalle de momento, en sanidad y educación, donde se prevé un recorte de 10.000 millones más. "El compromiso con la ciudadanía española y el mantenimiento de los servicios sociales básicos es absolutamente total, como lo es el establecimiento de prioridades para garantizar esos servicios básicos", resumió María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, tras el cónclave, donde los líderes regionales populares reafirmaron su compromiso de "apoyar y aplicar" las políticas económicas y sociales necesarias para crecer y crear empleo. La declaración oficial refrendada alrededor de Mariano Rajoy deja claro que el sentimiento en Génova no pasa, como apuesta la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, por la devolución de competencias al Estado. Pero sí por un "reordenamiento" que, sobre todo, elimine "duplicidades existentes". La máxima es la de una competencia, una administración.

"El ordenamiento de las competencias debe llevar a la eliminación de forma progresiva de las competencias impropias de las corporaciones locales, a la desaparición de las actuaciones concurrentes de las distintas administraciones y a la sujeción de las transferencias al ámbito estricto de los modelos de financiación autonómica y local", apelan los presidentes autonómicos del PP. Por si quedaba alguna duda de que no están por la labor de darle la vuelta al reparto de tareas, en su defensa de "racionalizar el uso" y evitar el "abuso" en los servicios públicos, apuntan a la "normativa básica" y al desarrollo legislativo de las comunidades "y sus competencias de ejecución" como el camino para "mejorar la gestión y la eficacia del dinero público".

"Ha llegado el momento -señalan- de acometer de forma clara y profunda una reforma del conjunto de las administraciones públicas y de los servicios que prestan". De nuevo apelando a sus competencias, los barones del PP -que estuvieron acompañados de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros de Economía, Hacienda e Industria- aseguran que pondrán en marcha "todas las medidas que permitan disminuir los costes empresariales" y mejorar la productividad. De ahí la previsión de una normativa conjunta "sobre unidad de mercado" para eliminar barreras burocráticas para las empresas, facilitar la financiación a pymes y "el mayor esfuerzo" en la reducción de los costes energéticos.

El "gran pacto" por la austeridad, la estabilidad presupuestaria y la garantía de los servicios sociales públicos "para salir de la crisis", en palabras de De Cospedal, que sostiene que el apoyo a la hoja de ruta de Rajoy es "sin fisuras" y que el presidente lanzó un mensaje "de confianza" en dar un giro a la situación con las reformas y el cumplimiento del objetivo de déficit.

Como ejemplo de los mecanismos para la sostenibilidad, el jefe del Ejecutivo gallego mostró la petición "de ayuda" a las personas mayores que tienen recursos para cambiar los criterios en la gratuidad de los medicamentos. Renta, en lugar de edad. "Hay un criterio fundamental en nuestro sistema tributario que es la progresividad y que es que los que más tienen pongan más y los que menos tienen pongan menos", recuerda Alberto Núñez Feijóo.

A la salida de la reunión con Rajoy, el presidente de la Xunta coloca como "un objetivo" el "blindaje" de los servicios públicos esenciales durante la crisis. Un planteamiento que en su caso se centra en la prestación farmacéutica. "A ninguna otra prestación de las cuales no se ha hablado y las cuales no han formado parte de la agenda del Gobierno", puntualiza, para alejarse de la polémica del copago sanitario.