01 de junio de 2012
01.06.2012
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Una nueva fundación comprará montes privados en las Fragas para protegerlos

El objetivo es adquirir propiedades de vecinos que quieren deshacerse de ellas con capital de particulares . La próxima semana se personará como acusación para evitar el archivo del caso

01.06.2012 | 05:14
Labores para frenar la erosión las Fragas tras el incendio. / c. pardellas

El devastador incendio que hace dos meses arrasó más de 800 hectáreas en las Fragas do Eume puso en evidencia la indefensión que desde hace años viven los propietarios del parque natural debido a la falta de un plan de gestión que fije los usos compatibles con la conservación del enclave. Esta indefinición ha llevado a muchos propietarios con terrenos en las Fragas a intentar deshacerse de ellos. Para atender esta creciente demanda y preservar a la vez el parque de incendios y otras amenazas, la Plataforma en Defensa de las Fragas do Eume, constituida a raíz del incendio del pasado mes de abril e integrada por vecinos, ecologistas y propietarios, creará una fundación cuyo fin será adquirir terrenos privados a partir de capital aportado por particulares y con "vocación de permanencia".

El modelo a seguir, según explicó Miguel Anxo Abraira, portavoz de la plataforma, será similar a los que existen en las Fragas do Mandeo, en la comarca coruñesa de As Mariñas y en Beade (Ourense). De hecho, esta última tiene ya 25 años y cuenta con un territorio "bastante extenso", según explicó Abraira. La intención es que esta organización de custodia del territorio tenga un patronato compuesto al menos por tres personas y un capital inicial de 30.000 euros. Su primera reunión se podría celebrar este mes.

"Siempre reivindicamos que los propietarios debían poder vender. Como sabemos que hay propietarios dispuestos a hacerlo y sociedad civil que quiere un verdadero parque natural que se deseucaliptice, optamos por esta vía", subraya.

La fundación nacerá con el fin de adquirir terrenos de particulares poco a poco y con voluntad de permanencia, porque este tipo de iniciativas, como insistió Abraira, funcionan "muy a largo plazo".

En la asamblea celebrada el miércoles la Plataforma en Defensa de las Fragas también acordó personarse como acusación particular en la investigación judicial abierta por el incendio del pasado mes de abril. Lo harán, como muy tarde, la próxima semana ya que saben que la intención del juez instructor es archivar la causa después de que el informe preliminar del Seprona concluyese que el incendio fue fortuito y tuvo un único foco.

La Plataforma no comparte esta tesis y ha decidido personarse en el caso para forzar a la Fiscalía a seguir investigando. Abraira insistió en que "hay testigos de que hubo más de un foco", en contra de lo que sostiene el informe oficial, y añadió que el objetivo "no es solo encontrar a los culpables", sino que "existe una responsabilidad del Gobierno gallego". "Existe causa contra la Xunta por no haber llevado a cabo las medidas de prevención y por su actuación en la propia extinción", dijo.

Por último, anunció que empezarán a recoger firmas para que la ley de montes sea sometida a referéndum al entender que pretende cambiar "el entorno del rural gallego".

Los ingenieros de montes prevén que este sea un año peor que el pasado en materia de incendios forestales, porque la península Ibérica está entrando en un ciclo seco, según explicó el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Álamo, lo que acrecienta el "riesgo". No obstante, matizó que, por lo que respecta al fuego, es aún más importante el "factor humano".

Recordó que solo hasta finales de abril ardieron en España 44.063 hectáreas, lo que supone un 30% más que la media del decenio -26.069- y un 37% más de superficie que en el mismo período de 2011. La zona más afectada fue el noroeste peninsular -Galicia, Asturias y norte de Castilla y León- que acaparó casi el 60% del área calcinada. En estas comunidades, los especialistas consideran que el aprovechamiento y la mejor gestión de la biomasa podría evitar la mitad de los fuegos.

Además, con ello, los ingenieros estiman que se podrían crear diez empleos directos por megavatio instalado de biomasa; se reduciría el consumo de hidrocarburos y las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y las Administraciones públicas podrían ingresar hasta 725 millones de euros incluyendo los ahorros en materia de extinción. Un monte "rentable no arde", subrayó, y recordó que tampoco "arden solos".

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