La continuidad de los fondos europeos para Galicia a partir del año 2014 ha dado un giro inesperado. Hasta ahora se daba por casi seguro que la comunidad gallega iba a conservar las dos terceras partes del dinero que recibía para garantizar su convergencia con Europa, lo que significa unos 3.500 millones de euros entre los años 2014 y 2020, pero la presidencia de turno de la UE, que recae ahora en Chipre, propone nuevas reglas, con una apuesta por la reducción de gastos, que ponen en peligro las ayudas a Galicia.
Y es que la última propuesta sobre el presupuesto de la UE para los próximos siete años, elaborada por la presidencia de Chipre, deja a las regiones que podrían ser declaradas en transición -como sería el caso de Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha- sin la mayor parte de las ayudas europeas que perciben, puesto que propone recortes en todos los capítulos de gasto e incluso cuestiona los apoyos económicos a las regiones que han superado el 75% de riqueza media de la UE, porcentaje a partir del que dejan de ser territorios objetivo de convergencia y situación en la que se encontrará la comunidad gallega.
Aunque Chipre no es precisamente uno de los Estados más influyentes de la UE y su capacidad de arrastre resulta más bien escasa, pretende alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto del periodo 2014-2020 en la cumbre extraordinaria del 22 y 23 de noviembre, de forma que la Eurocámara lo ratifique antes de fin de año. Los presidentes de la Comisión, José Manuel Durao Barroso; del Consejo, Herman Van Rompuy, y del Parlamento, Martin Schulz; y el presidente de Chipre, Demetris Christofias se reunieron ayer y aseguraron que "movilizarán todos los esfuerzos necesarios" para lograr este fin.
Tras haber escuchado las opiniones de todos los Estados miembros, la presidencia de turno sostiene que será "inevitable" aplicar recortes a la propuesta inicial de la Comisión, que preveía un gasto de la UE durante el periodo 2014-2020 de 971.000 millones de euros, un 5% por encima de las actuales perspectivas financieras.
Uno de los capítulos a los que más podría afectar el recorte es el de la política regional, según defienden países contribuyentes netos, como Reino Unido, Holanda o incluso Francia, que quieren concentrar las subvenciones únicamente en las regiones más pobres, cuyo nivel de riqueza es inferior al 75 por ciento de la media de la UE. Para España, el Ejecutivo comunitario había propuesto que Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, que ya superan este umbral, conserven hasta dos tercios de las ayudas actuales. Las tres comunidades estarían en una nueva categoría de "regiones en transición", que incluye a las que tienen un PIB per cápita de entre el 75% y el 90% de la media de la UE.
Sin embargo, la propuesta de la presidencia chipriota cuestiona incluso que haya ayudas específicas para las regiones en transición. De hecho, todas las referencias a esta nueva categoría en el documento de negociación aparecen entre corchetes, lo que significa que no hay acuerdo entre los Estados miembros para reconocer sus problemas particulares. En cambio, sí que figura en el compromiso que seguirá habiendo ayudas para las regiones menos desarrolladas, con un PIB por debajo del umbral del 75%, aunque todavía no se ponen cifras.
Alrededor de una quincena de países, entre los que está España y la mayor parte de los nuevos Estados miembros del centro y el este de Europa ya han hecho frente común para oponerse a los recortes en política de cohesión, según fuentes europeas.
