Un año y casi cuatro meses después de ser nombrada portavoz del PP gallego, Paula Prado dimite de forma "irrevocable" salpicada por el caso Pokemon, que analiza decisiones que podrían haber beneficiado a empresas afines al Partido Popular durante su etapa como concejal en Santiago. Su decisión se produce dos semanas después de que se conociese que la juez Pilar de Lara había abierto una pieza separada sobre su persona y hubiese preguntado a la Fiscalía sobre la elevación de su caso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para analizar su posible imputación, pues goza de aforamiento por su calidad de diputada. Fuentes del PP indicaron que todavía no se ha abordado el nombre de su sustituto, cuestión que se analizará a partir de hoy tras la llegada a Galicia del líder del partido y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ayer regresó de viaje oficial a Japón.
Prado rompió ayer cuatro meses de silencio ante los medios para anunciar su adiós, justo en medio de la tormenta de dimisiones que afecta al Concello de Santiago y de sus antiguos compañeros de corporación, lo que pretende concentrar el daño mediático al partido en el menor tiempo posible, según reconocen fuentes del PP, que busca soltar lastre antes de encarar el último año antes de las elecciones municipales tras el toque de atención del 25-M, que muestra el riesgo de perder varios gobiernos urbanos. "Son días de salidas en el PP gallego y es buen momento para renunciar a este cargo", aseguró Prado antes de reconocer que el partido afronta así con "equipos nuevos la recta final hacia las municipales". En ese proceso, la existencia de una pieza judicial sobre su caso "no ayuda al partido".
Prado, que negó haber cometido ningún delito, alegó el peso del caso Pokemon como motivo de su dimisión, si bien ya a principios de año trascendieron algunos de los pinchazos contenidos en el sumario que centraron las críticas de la oposición y la atención mediática sobre ella. "No ayudo al PP todo lo que quisiera y considero que la Portavocía debe recaer en otra persona que pueda ejercer y trasladar con más facilidad las propuestas del partido", alegó, explicando que no puede trasladar mensajes del PP porque todas las preguntas de la prensa se centran "conversaciones personales" y su implicación en el caso que investiga una red de sobornos en varios concellos que ha salpicado también a otros partidos. Aseguró que ya había presentado su dimisión en febrero, días después de que trascendiesen las primeras investigaciones de la juez, pero Feijóo no la aceptó. El martes, sí.
Aunque abandona su puesto como rostro del PP y látigo de la oposición, Prado mantendrá su escaño como diputada porque su situación -de testigo y no imputada-"no afecta en absoluto" a su labor en el Parlamento. Esa situación, además, mantiene su condición de aforada y obliga a la juez de Lara a dejar en manos del TSXG su posible imputación. Curiosamente, en la Cámara ejerce de responsable de asuntos de justicia. "No contemplo la posibilidad de que se me impute", aseguró.
Aludiendo al secreto de sumario y que podría ser acusada de un delito de revelación, Prado no respondió a cuestiones concretas del caso Pokemon. "Lo que sí voy a decir es que nunca, nunca, jamás, participé en ese contrato, inflé ninguna factura ni manipulé ningún expediente en ninguno de los puestos que tuve en la administración", indicó. Además, mostró su apoyo a sus excompañeros en Santiago condenados y deseó "el mayor de los éxitos" al alcalde, Ángel Currás, en la recomposición del gobierno. No respondió a la prensa si este, imputado en dos causas, debería dimitir.
Desde que a principios de año trascendieron algunos pinchazos telefónicos del sumario del caso Pokemon, la mayor parte de miradas se centraron en Prado, que llegó al cargo en enero de 2013 tras haber perdido el pulso interno en el Concello de Santiago por heredar el bastón de mando de Gerardo Conde Roa. En una conversación, la diputada confesaba a un exasesor del primero: "Si Currás es alcalde, nos suicidamos".
Esa frase, que evidenciaba la guerra interna en el PP de Santiago, pasó a un segundo plano cuando se reveló otro pinchazo sobre la polémica entrega de regalos y sobornos que la empresa Vendex, epicentro de una presunta trama de corrupción, realizaba a cargos públicos a cambio de contratos. "Vendex hace unos regalos de la hostia" se convirtió en un martillo con el que los enemigos de Prado exigieron su cabeza, si bien el sumario indica que ella no se quedó ningún presente.
"No es fácil conocer extractos de tu vida privada por teletipos de lo que ha pasado en determinadas operaciones judiciales y menos autos [de la jueza[ de diciembre que aparecen en campaña electoral seis meses después", censuró ayer sobre el modo de actuar de la magistrada Pilar de Lara, que mantiene el secreto de sumario sobre su declaración como testigo.
Prado se refiere al pasado 22 del mes pasado, cuando se conocía un auto de diciembre en que la juez pedía información a la fiscalía sobre la elevación del caso al TSXG para analizar su imputación. Investiga el inflado de una factura en 3.000 euros en favor de un empresario afín al PP e imputado en la trama y la mediación para enchufar a personas en una escuela municipal y beneficiar a su marido en contratos con concellos del PP. La juez indaga también si su hermano pudo filtrar datos judiciales del PP compostelano.
