El parón del sector acuícola en España, sin apenas crecimiento en más de una década, provocó que se dejasen de invertir en torno a 600 millones de euros e impidió que se creasen 3.000 empleos. Son las cifras que aporta Javier Ojeda, gerente de la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (Apromar), muy pesimista sobre una posible salida de esta situación en el corto plazo.

-¿Cuál es la situación de la acuicultura en España en estos momentos?

-En cifras, España sigue siendo el principal estado miembro productor de la Unión Europea. Se producen muchas especies diferentes, unas veinte, pero la situación para cada una de ellas es muy diferente. La producción de moluscos -especialmente del mejillón- está estable desde hace años, pero no muestra capacidad de crecimiento. Sin embargo, la producción de peces, sobre todo marinos, en los últimos quince años ha sido un sector dinámico, en crecimiento y con producción de empleo de alta calidad. A día de hoy ya no somos tan optimistas. Percibimos que si no hay cambios en la gobernanza de la acuicultura el sector se puede quedar paralizado y no crecer en el futuro.

-Siempre se quejan de las dificultades burocráticas para crear una empresa acuícola o construir nuevas piscifactorías...

-La maraña normativa es tan intrincada que o están muy bien lubricados los engranajes de la Administración pública o se hace completamente imposible lograr permisos y autorizaciones. Y lo que hasta hace poco era posible, pero con muchas dificultades, hoy prácticamente no lo es. En Apromar hemos empezado a dar la señal de alarma de que hasta en las comunidades que llevaban mejor la competencia de acuicultura, como Galicia o Murcia, se dan muestras de agotamiento y de que el sistema no funciona.

-¿Cuál es la situación en Galicia?

-Es incluso peor porque el marco normativo que debería dar seguridad jurídica a las inversiones en acuicultura, que es el Plan Director de la Acuicultura, lleva atascado muchos años. Los sucesivos Gobiernos que tuvo la Xunta no fueron capaces de ofrecer a la sociedad gallega un plan de acuicultura eficaz que permita que la actividad crezca y se cree empleo. La situación de la trucha en Galicia, por poner un ejemplo, es catastrófica, principalmente por las actuaciones de Augas de Galicia. Está en una situación mucho más grave que la del rodaballo por esa falta de sensibilidad de las administraciones que afectan a los recursos fluviales. Es un tema de mentalidad. En 2008, cuando empezó la crisis, albergábamos la esperanza de que un efecto colateral de esa crisis fuera que toda esta situación de no funcionamiento de los trámites administrativos que frenan la inversión y la creación de empleo cambiara. Y no ha ocurrido así. Las administraciones no se han puesto las pilas y los trámites no se agilizaron.

-¿Cómo calificaría esta situación?

-De alarma. En Apromar hemos calculado que la inversión material no producida en acuicultura marina de peces en los últimos diez años en nuestro país está en el entorno de los 600 millones de euros y se habrían podido crear 3.000 empleos. Y todo por no facilitar los permisos para construir granjas.

-El rodaballo es la especie clave en Galicia. La situación de Pescanova, una de las principales productoras, ¿podría afectar a la producción de la especie?

-Aquí entramos en otros retos que el sector debe resolver y que tienen que ver con el tipo de producto, el tipo de mercado, el tejido industrial, el número de agentes o el tamaño de las empresas. No me quiero abstraer de la realidad de que hay cuestiones de las propias empresas que deben resolverse para tener un futuro mejor. Y no solo a nivel de mercado, sino productivo, de innovación... Pero esto es una pequeña fracción del problema. La mayor parte de las dificultades que afectan a las empresas subyace a un problema de imposibilidad de sacar adelante ningún proyecto por parte de las administraciones.

-El secretario general de la Consellería do Mar, Juan Carlos Maneiro, pide calma a los productores y un cambio de mentalidad desde el punto de vista tecnológico y medioambiental. ¿Qué opina?

-Pedir calma no es razonable a estas alturas de la película. Ya han pasado muchos años sin que se apruebe el Plan Director. Las empresas están cansadas, tienen que invertir fuera y aparecen los problemas que comentábamos, como los de Pescanova. Esto crea tensiones con el sector productor en España. Pero no son situaciones deseadas ni previstas hace unos cuantos años, han tenido que producirse así. Con respecto a lo del cambio de mentalidad? puede ser. Pero la realidad es que hoy en día si los pescadores solicitaran permiso para hacer un puerto, probablemente les dirían que construyan el puerto tierra adentro por no afear la costa. La acuicultura se hace junto al mar y se necesita hacer ahí. No nos podemos ir al interior.

-¿En qué nuevas especies está trabajando el sector?

-El paradigma de la nueva especie es algo que gusta mucho. Nosotros trabajamos en las especies que conoce el consumidor, las que sabemos producir y que estimamos que tienen un recorrido de crecimiento muy amplio. No nos gusta que cada vez que haya un problema nos digan que busquemos nuevas especies. Estamos investigando, se está trabajando, pero no son la panacea. Cuando se empiece a producir una nueva especie va a tropezar con los mismos problemas que tienen las producidas ahora. Lo que necesitamos son empresas competitivas y para eso tienen que tener un marco normativo claro y ágil. Nuestro marco normativo entorpece el funcionamiento de las empresas. Debemos fijarnos en otros países como Noruega o Chile para ver cómo es posible tener un marco normativo que hace a la acuicultura de ese país competitiva. En España tenemos un marco normativo penoso.

-¿Qué le parecen las importaciones de productos acuícolas de terceros países?

-En el mercado comunitario encontramos pescados cuya producción estaría totalmente prohibida en la UE. No puede ser que el control de las importaciones sea tan laxo que permita ese doble nivel. No existe igualdad de oportunidades en las reglas del juego.

-¿Cree que son suficientes los datos que tiene el consumidor sobre estos productos?

-Las autoridades que deben vigilar en los puntos de venta que al consumidor se le ofrece una información completa, veraz e inequívoca están haciendo dejadez de funciones. Basta pasearse por cualquier punto de venta de pescado fresco en España para comprobar que datos como el país de origen, el nombre de la especie o si el pescado es descongelado no aparecen. El consumidor no recibe información suficiente para poder hacer una compra responsable.