Desde diciembre de 2012 cualquier contencioso civil obliga a los ciudadanos a hacer frente a tarifas que oscilan entre los 100 y los 1.200 euros por recurrir una sentencia. El balance de 2013 -el primer año entero de las tasas judiciales en vigor- demostró que la recaudación de los tribunales gallegos se triplicó al alcanzar los 13,5 millones respecto a los 5,1 millones del año anterior cuando todavía no estaba operativa la ley de Gallardón. Las cifras del primer semestre de este año demuestran de nuevo el aumento de la recaudación en las arcas de la Justicia debido al tasazo. Entre enero y junio, los ciudadanos pagaron 8,1 millones para acceder al sistema judicial en Galicia, lo que supone un 160% más que los 5,1 millones ingresados por tasas durante todo 2012.

Por provincias, en el primer semestre la mitad de la recaudación por tasas judiciales se concentró en A Coruña con un total de cuatro millones seguida de los 2,4 millones contabilizados en Pontevedra que representan un 30% del total en la comunidad gallega. En Lugo y Ourense el tasazo reportó este año más de 800.000 euros, es decir, el 10% del total en ambos casos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, volvió a recordar ayer en A Coruña su intención de "revisar" las tasas judiciales para garantizar un sistema "equilibrado" y "no limitar" el acceso a la Justicia. En su opinión, se debe contribuir a la sostenibilidad del sistema, pero no a costa de privar a la ciudadanía de su derecho de recurrir a los tribunales. "Lo que pretende el Gobierno es escuchar y abordar un análisis compartido", destacó el titular del departamento estatal ante los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

Catalá convocó para el martes de la semana que viene la mesa sindical y, dos días más tarde, la conferencia sectorial de comunidades autónomas con el objetivo de debatir sobre las reformas pendientes en la Administración de Justicia, sobre todo las que tienen que ver con la justicia gratuita. Este proyecto está relacionado con las tasas judiciales, cuya recaudación iba a ser destinada a financiar la asistencia jurídica gratuita si bien las autonomías han protestado de que no han recibido ni un euro de la imposición de los nuevos gravámenes. El ministro de Justicia ya ha abierto la puerta a ajustarlos para las personas físicas en primera instancia.