Para acabar con la disciplina municipal del vai facendo, los inspectores de urbanismo de la Xunta peinan Galicia de norte a sur. Solo el año pasado, paralizó 302 obras construidas de forma ilegal en suelo rústico, lo que supone una media de 25 cada mes y un 24% más que los expedientes de reposición resueltos el año anterior (243), según datos de la APLU.
En cuanto a las multas para la negativa de los propietarios a derribar las edificaciones sobre las que pesa una orden de demolición, la agencia impone una serie de multas coercitivas. Las sanciones oscilan entre los 1.000 euros de la primera notificación a los 10.000 euros. El importe se incrementa según avanza el proceso y el propietario se resiste a demoler su vivienda, nave o galpón levantada en suelo no edificable. En 2014, la Xunta impuso de 406 multas coercitivas, un 3% menos que el año anterior.
