El propietario de la empresa turística InterRías, Carlos Américo Troncoso, y sus dos hijos, Carlos T.G. y Susana T.G., comparecieron ayer ante la titular del Juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, en el marco de la operación Cóndor, en la que está imputado también el dueño de Monbus, pero se acogieron a su derecho a no declarar.

Primero el padre, y luego sus dos hijos, entraron en el despacho de la instructora de la causa, quien les leyó los cargos que se le imputan en la causa y ante la que decidieron no prestar declaración. Todos quedaron en libertad sin medidas cautelares. A la salida del juzgado, Carlos Américo Troncoso, dueño de la agencia de viajes InterRías y de tres hoteles en Sanxenxo, se mostró muy molesto con la prensa, a la que invitó a ganarse la vida de forma "limpia", al respecto de lo que se puso él como ejemplo.

Del edificio judicial salieron primero los hijos del empresario. Minutos más tarde, Carlos Américo Troncoso, propietario también de varios hoteles en Sanxenxo. Ante la presencia de los periodistas, los hijos acudieron al encuentro de su padre y lo cogieron por ambos lados para salir de la zona.

La semana pasada fue detenida Isolina G., la esposa del dueño de InterRías, quien quedó en libertad con cargos como el resto de detenidos. En relación con la agencia de viajes también fue arrestado el director financiero, Gustavo F.C., quien quedó en libertad con cargos como el resto de arrestados.

Los investigadores sospechan que la empresa de viajes supuestamente manejaba sumas de dinero procedentes de paquetes de excursiones que no se facturaban y que los pagos a Monbus por el coste de servicios prestados, presuntamente se hacían en mano. También indagan sobre si existe una supuesta facturación falsa y si ese dinero no declarado se usó para el pago de obras y remodelaciones de los establecimientos hoteleros. En el marco de esta operación, que ha desarrollado Vigilancia Aduanera por orden de la también instructora de otras causas como la Pokemon, se investigan delito fiscal, blanqueo, falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho. Esta nueva operación partió de datos recabados en la otra instrucción, todavía abierta y con secreto parcial sobre parte de las actuaciones.

Los imputados ya son 13, y entre ellos hay dos militares, por lo que el Ejército ha abierto una investigación interna para descubrir si hubo amaños en los contratos de transporte de militares y hubo altos cargos que recibieron sobornos a cambio de las adjudicaciones.