No pocos propietarios se enteran a la hora de vender su vivienda o un local comercial de la existencia del llamado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. O lo que es lo mismo, el gravamen de plusvalía municipal que un contribuyente debe abonar a su ayuntamiento, logre o no ganancia alguna con la transacción, cuando se produce una compraventa, permuta, donación o herencia. En los últimos meses, juzgados de todo el país han dictado sentencias que obligan a los alcaldes a devolver el impuesto -de carácter voluntario y que en el caso de Galicia se aplica en 115 municipios- al no apreciar aumento de valor en los terrenos. A estos fallos, tanto de Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco o Comunidad Valenciana y de juzgados de prácticamente todas las provincias de España, se suma la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián ante el Tribunal Constitucional. En el caso de que el Alto Tribunal anule el impuesto de plusvalía municipal, las corporaciones que salgan elegidas el próximo 24-M tendrán que afrontar la próxima legislatura devoluciones millonarias. En la recta final de campaña, algunos candidatos a las elecciones municipales anunciaron su intención de suprimir este impuesto.
Expertos consultados por este periódico coinciden en la necesidad de revisar este gravamen por "injusto" y "exagerado". Economistas gallegos advierten de que el problema es que muchos inmuebles se venden a pérdidas, sin que ello exima al propietario de pagar el correspondiente tributo. Sus propuestas van desde su deducción del IRPF hasta, directamente, su eliminación. El debate queda abierto para la próxima legislatura municipal.
La cuantía a abonar al ayuntamiento, haya habido o no ganancia con la venta, se calcula sobre el valor catastral del suelo y en función de años que se tuvo ese bien en propiedad. Juristas y economistas coinciden en los pasos a dar: primero, pagar y después, reclamar. Sin embargo, para pleitear advierten de que no resulta rentable cuando la cantidad que se reclama es inferior a 5.000 euros debido a los costes que acarrea el proceso.
En Galicia casi cuatro de cada diez ayuntamientos aplican el impuesto de plusvalía. Pese a la caída de las operaciones de compraventa de inmuebles de segunda mano desde el inicio de la crisis, casi un 50%, y también en su precio, más de un 30%, la recaudación de los concellos con este gravamen se ha incrementado un 9% respecto a 2008, al pasar de los 27 millones ingresados por la venta de pisos, solares o locales comerciales a los más de 29,5 de 2013. A título particular, el desembolso que han tenido que hacer algunos afectados una vez vendieron sus propiedades se ha duplicado respecto a hace cinco años pese a no haber logrado ganancia alguna con la operación.
Constitucional
Hace escasos días, un juzgado de San Sebastián planteó una cuestión de inconstitucionalidad por el caso de un empresa que en el año 2003 compró un terreno por 3,1 millones y lo vendió en 2014 por 600.000 euros. Pese a la importante minusvalía, tuvo que pagar al ayuntamiento 18.000 euros de plusvalía. El juez pregunta al Constitucional por los artículos 107 y 110 de la ley de Haciendas Locales que regulan este impuesto porque tiene dudas de que se respete el principio de capacidad económica y cuestiona el método de cálculo del tributo.
Los economistas gallegos no tienen duda alguna. Si el Constitucional anula este pago, los municipios se enfrentarán a devoluciones millonarias. "La ley de Haciendas Locales es estatal y por tanto aplicable en todo el territorio nacional por los ayuntamientos", apunta el decano del Colegio de Economistas de Pontevedra, Juan José Santamaría, que asegura que si el Constitucional se pronuncia antes de cinco años se podrá pedir la anulación de las sentencias desfavorables a los contribuyentes que hubiesen recurrido. El plazo fijado por ley para que los contribuyentes puedan recurrir es de tres meses desde que el Constitucional dicte sentencia.
En el caso de Galicia, de los 115 ayuntamientos que aplican este tributo un total de 54 tienen los tipos más altos: entre un 25 y un 30%. Al gravamen máximo del impuesto de plusvalía municipal (30%), se enfrentan los contribuyentes de los concellos de Coristanco, Ponteceso, Oroso, en la provincia de A Coruña; y Vigo, Redondela, Fornelos de Montes, O Rosal y Salvaterra de Miño, en Pontevedra. En el Concello de A Coruña, el tipo impositivo supera el 17%.
