Los segmentos de flota que operan en el caladero Cantábrico Noroeste tendrán la posibilidad de negociar una redistribución de cuotas pesqueras en octubre, cuando el Gobierno revisará si existen sobrantes de cupos que todavía no fueron consumidos por algunos barcos. El objetivo del Ministerio de Agricultura es que todas las embarcaciones puedan pescar hasta el final del año, aunque el sector gallego recibió la medida con escepticismo al considerar que llega "tarde" y será difícil de aplicar.
El plan de gestión actual, de noviembre de 2015, establece que, si a 1 de octubre una modalidad tiene un sobrante de cuota que representa una cantidad superior a la consumida desde octubre a diciembre en los tres años anteriores, se podrá repartir este cupo de manera proporcional a los censos o modalidades que lo pudieran utilizar. Esta reasignación se negociaría entre las asociaciones del sector, las organizaciones de productores y el Gobierno.
La Secretaría General de Pesca organizó ayer una reunión en Madrid para explicar esta norma y hacer balance de los polémicos planes de gestión de este caladero durante 2014 y 2015, que acumulan numerosos recursos e incluso sentencias judiciales en contra. El titular de Pesca, Andrés Hermida, valoró que la rentabilidad de la flota aumentó en este periodo, aunque reconoció que hay especies que acaban el año con un consumo "moderado" de su cupo, ya que el aprovechamiento de las posibilidades de pesca no es "uniforme".
Al encuentro acudieron representantes de las modalidades de cerco, volanta, arrastre, palangre de fondo y artes menores, que también se reunieron una por una con los representantes de Pesca para explicar sus problemas.
El sector volantero gallego buscaba encontrar una solución para su escasez de cupos de merluza, que ya obligó a amarrar a un tercio de la flota, aunque todo lo que consiguió fue la propuesta general del Gobierno. "No creo que sirva de mucho, los barcos que tienen más cuota intentarán acabarla o venderla antes de octubre", critica Ricardo Villar, armador de Cedeira que prepara su embarcación para sumarse hoy a la costera del bonito del norte.
El cerco también se muestra crítico con la propuesta. "Nosotros planificamos la campaña a principios de año, no podemos esperar a octubre para saber si vamos a pescar o no", censura el portavoz de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García.
La medida no se aplica a la modalidad de arrastre de fondo, que cuenta con un sistema diferenciado del resto. El arrastre gallego fue precisamente el sector más crítico con los planes de gestión, que permiten la compraventa de cupos de barcos desguazados con subvenciones públicas, motivo por el que la asociación coruñesa Pescagalicia-Arpega-O Barco interpuso dos recursos -admitidos a trámite la semana pasada- contra el documento que regula el caladero en la actualidad.
El secretario de Pescagalicia, Torcuato Teixeira, denuncia el modelo de "capitalismo salvaje" del Gobierno en la gestión pesquera. "Explicamos que la flota del Cantábrico pasó de 90 a 76 barcos desde 2013 y nos dicen que el que quiera sobrevivir tendrá que invertir y tener capital detrás. Vamos, que sobrevivirán los que puedan comprar cuotas. Es una mercantilización de bienes públicos, como son los derechos de pesca", asevera Teixeira.
