Los mecanismos para luchar contra la corrupción empiezan a surtir efecto. Al menos esa es la lectura que puede hacerse de los casos llevados a los juzgados gallegos el año pasado. Tras años de continuos aumentos de los delitos de prevaricación, malversación, cohecho o tráfico de influencias destapados en la comunidad, 2015 se cerró con un descenso de corruptelas cometidas por cargos públicos, funcionarios o empresarios. Hasta un total de 195 procedimientos por corrupción política o económica fueron incoados el año pasado en Galicia, lo que supone un 32% menos que los 283 contabilizados el ejercicio anterior, según avanzó ayer el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, durante la apertura del año judicial celebrada en la sede del Tribunal Superior de Xustiza, en A Coruña. Pese a este balance, Suanzes llamó a "no bajar la guardia", ya que -advirtió- la corrupción es el segundo problema, después del paro, que más preocupa a los españoles.

Operación Campeón, Orquesta, Pokemon, Pikachu, Zeta, Patos Pulpo o Garañón son algunas de las tramas que más alcaldes, concejales, empresarios, funcionarios e incluso líderes de partidos o exministros sacaron a la palestra en Galicia en los últimos años. En tan solo cinco años, el número de asuntos relacionados con este tipo de actuaciones ilícitas en la comunidad alcanzó los 938 procedimientos. Durante este periodo, no hubo un año en que se lograra contener este tipo de delitos y cada ejercicio se cerraba en Galicia con más causas abiertas en los juzgados de la comunidad por presunta prevaricación, malversación, tráfico de influencias o cohecho. 2011 se cerró con un total de 128 delitos de corrupción, superados por los 152 del año siguiente. En 2013, con 184 procedimientos, y los 283 de 2014 no hicieron más que confirmar la falta de planes contra la prevención en las administraciones, una medida que llevaba años reclamando la Fiscalía Superior de Galicia.

Los pasos dados el año pasado por parte del Gobierno gallego con la aprobación de cinco leyes anticorrupción o el refuerzo de las tareas de fiscalización del Consello de Contas, unido a la cada vez mayor indignación ciudadana con la clase política o incluso la proximidad de una cita con las urnas y la caída de las denuncias derivadas de la crisis son algunos de los factores que pueden estar detrás del descenso de los procedimientos de corrupción abiertos el año pasado en Galicia: un total de 195, lo que supone una media de uno cada dos días.

Muy lejos de estas cifras se quedan las sentencias dictadas por delitos de corrupción. Tan solo 22 fallos en 2015. En el último lustro, las sentencias por este tipo de ilícitos se quedaron en 53, apenas el 6% de los más de 900 asuntos que llegaron a los juzgados gallegos desde 2011.

En su intervención en la apertura del año judicial, el fiscal superior avanzó el balance de criminalidad de 2015 en la comunidad, con un total de 215.701 procedimientos penales, un 4% menos que el ejercicio anterior. Sobre criminalidad, además de los referidos a la corrupción, Suanzes destacó que los delitos incoados por tráfico de drogas bajaron un 3%, un 12% las sustracciones y un 19% los relacionados con la seguridad vial; mientras que aumentaron un 14% las agresiones sexuales.

El fiscal superior quiso hacer hincapié en el aumento de los homicidios en Galicia el año pasado, con un total de 19 casos, de los que ocho fueron por violencia de género, "la mayor cifra de muertes por esta causa -lamentó Suanzes- en lo que va de siglo".

Suanzes aprovechó su intervención en el acto, al que acudieron el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva; el vicepresidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda; el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, entre otras personalidades políticas y sociales, para referirse al proceso de implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Justicia. Una tarea en la que, advirtió, "aún queda mucho por hacer". Asimismo, abogó por poner en práctica medidas que simplifiquen y ayuden a aliviar la sobredimensión actual de procedimientos en las administraciones judiciales. "Todavía hay un amplio espacio para explorar nuevas fórmulas que permitan recortar los plazos de instrucción y ganar en eficiencia". Un ejemplo son las macrocausas de corrupción, que se alargan más de cuatros años en los juzgados gallegos. Una dilación que amenaza con dejar impunes a decenas de investigados y que hacen que la sentencia pierda su función ejemplarizante ante la sociedad.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza, Miguel Ángel Cadenas, reclamó una mayor inversión en la Justicia porque "es rentable socialmente" y sirve al "conjunto de intereses económicos". En su intervención, Cadenas incidió en varios atributos de los jueces, que saben "qué es la independencia judicial, su porqué y para qué". La responsabilidad del juez debe estar junto a "la independencia, la inamovilidad, una inmaculada, una escrupulosa neutralidad en lo público, la vinculación exclusiva y excluyente a la ley y la imparcialidad en su aplicación".