Galicia no está marcada en rojo en el mapa de morosidad de las administraciones autonómicas que elabora cada mes el Ministerio de Hacienda. La Xunta se salva y cumple con el plazo de 30 días que fija la ley para que poner al día las facturas con los proveedores. En 15,47 días, el Ejecutivo gallego pagó los recibos que tenía en el cajón el pasado mes de agosto, frente a los 40,56 días de media que tarda el conjunto de las administraciones autonómicas. Pero el nivel de cumplimiento por parte de los más de 80 organismos dependientes de la Xunta obligados a remitir esta información a Hacienda es muy dispar. Hasta un total de 15 entes públicos omitieron los datos de agosto al Gobierno central y otros 11 abonaron sus facturas por encima de los 30 días que fija la Ley de Morosidad. O lo que es lo mismo, uno de cada tres organismos gallegos paga a autónomos y pymes fuera de plazo o elude informar sobre el estado de sus deudas.
La respuesta por parte de los organismos públicos gallegos ha mejorado respecto a hace un año. Entonces, el nivel de incumplimiento de la Ley de Morosidad alcanzaba el 40%. Sin embargo ha empeorado respecto a julio, con casi cuatro puntos más ya que aunque no varió el número de entes que rehusó facilitar información a Hacienda, el balance de los que pasaron por alto el plazo legal para poner al día sus facturas suma tres más que el mes anterior.
A diferencia de otras comunidades autónomas, Galicia está obligada a informar al Gobierno central sobre el estado de sus facturas desde septiembre de 2014. ¿El motivo? El hecho de no haberse acogido ni al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ni al plan de pago a proveedores puesto en marcha por Hacienda, que obligaba a las autonomías a remitir datos puntualmente al departamento que en esta legislatura también estará dirigido por Cristóbal Montoro.
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En la lista de organismos públicos incumplidores del pasado mes de agosto, aparecen un total de 11 gallegos. A la cabeza del ranking está Galaria, empresa de servicios sanitarios, con casi un año de espera por parte de sus proveedores (337 días), diez veces más que el plazo máximo fijado por ley. Con casi diez meses de atraso en el pago de sus recibidos está la Fundación Feiras e Exposicións de Lugo (293 días). Con un retraso similar está la Fundación Aquae Querquennae-Via nova (234 días). La Axencia galega de sangue, órganos e tecidos y el Centro de Estudos Rexionais Galicia-Norte de Portugal también están en el punto de mira de Hacienda, con plazo medio del pago a proveedores de 77 y 63 días, respectivamente. En la lista también figuran la Fundación Cidade da Cultura y la Universidade da Coruña, con demoras superiores a los 50 días. Cierran la tabla de entidades públicas morosas en Galicia, el Instituto de Estudos do Territorio (45 días), Universidade de Santiago (40), Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (36) y el Instituto de Calidade Alimentaria (35).
Además del listado de organismos que pagan fuera de plazo, Hacienda tiene otro sobre los que no remiten la información requerida. Entre los 15 organismos dependientes de la Xunta que no rindieron cuentas con el Gobierno central están Turgalicia, el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, Xesgalicia, Xestur, la Fundación Semana Verde, entre otros.
En el caso de las ciudades, tres están bajo la lupa de Hacienda por incumplir los plazos que fija la Ley de Morosidad. A la cabeza, Lugo, con una demora de casi tres meses, seguida de lejos de Ourense (45 días) y Santiago (casi 32 días). El resto de urbes paga en plazo a sus proveedores. En el caso de A Coruña, en una media de casi 25 días. Mientras que Pontevedra lo hace en 6 y Vigo, cinco antes de que empiece a contar del plazo legal.
