La Mesa del Congreso ratificó ayer su decisión de no aceptar el debate de la transferencia de la AP-9, una proposición de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia. El Gobierno ha pedido paralizar la tramitación de 16 proposiciones de ley planteadas por la oposición o por parlamentos autonómicos y lo justifica en que, si salieran adelante, supondría una desviación presupuestaria de más de 6.100 millones y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.
La diputada del PSOE en el Congreso por A Coruña, Pilar Cancela, censuró ayer que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, haya "consentido" que el PP, "amordace la voz unánime de Galicia" en defensa de la transferencia de la AP-9. "El Gobierno central no para de meterle goles a Galicia", denunció Cancela, en referencia tanto al traspaso de la AP-9 y a las dudas sobre el plazo definitivo para la llegada del AVE a la comunidad.
La decisión del Congreso se produjo el mismo día en que el Parlamento gallego reclamó de forma unánime que la Xunta exija al Gobierno "que no obstaculice la tramitación" de la proposición de ley aprobada la pasada legislatura con el objeto de reclamar la transferencia de la titularidad y de las competencias de la AP-9 para la Xunta.
El diputado de En Marea Antón Sánchez incidió en reclamar la transferencia de titularidad y competencias de la AP-9, tras los "agravios comparativos" que suponen que autopistas de características similares fueran transferidas a comunidades como Euskadi o Cataluña.
El diputado del BNG Luis Bará advirtió de la "sensación de alarma, vergüenza e indignación" que ha creado en Galicia la "actitud del Gobierno del Estado y del Gobierno gallego", al rechazar una ley que aprobó por unanimidad el Parlamento gallego.
El socialista Raúl Fernández lamentó que este tema vuelva al Parlamento ya que tendría que ser un "debate que debería estar superado", ya que están demostrados los "beneficios" que supondría para Galicia la "gestión propia y directa" de esta autopista ya que "no hay razones ni legales, ni técnicas, ni económicas en el informe desfavorable".
