Vender una vivienda o un local comercial no siempre supone un dinero extra en las cuentas de quienes se deshacen de un inmueble. Haya o no habido ganancia con la operación, los contribuyentes que logran vender un piso o su negocio tienen que abonar en aquellos ayuntamientos que lo aplican -en Galicia son un total de 115- el llamado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreno de Naturaleza Urbana, conocido como impuesto de plusvalía municipal. Los ayuntamientos gallegos recaudaron en 2015 más de 41 millones por este tributo.
Estos ingresos suponen un 53% más que los poco más de 27 millones que fueron a parar a las arcas locales de la comunidad antes de que estallase la burbuja inmobilaria en 2008. Entonces, la venta de viviendas superaba las 26.000, mientras que en los últimos cuatro años, las operaciones se movieron entre las 11.000 y las 13.000. Conocedora de esta situación, la Fegamp también propone una revisión del impuesto de plusvalías en su hoja de ruta para la reforma local. "Resulta urgente una revisión", defienden los alcaldes, ya que este tributo "determina plusvalías en todos los supuestos cuando, por el efecto de la crisis y la depreciación de los inmuebles, se están generando auténticas minusvalías". Ante esta situación, que ha provocado una avalancha de recursos en los tribunales de toda España, los ayuntamientos gallegos proponen "definir la base imponible atendiendo a las efectivas plusvalías", en particular "las derivadas de las actuaciones urbanísticas, integrándolo como IRFP a través de las deducciones oportunas para evitar dobles imposiciones".
