Bruselas. Es la última parada de los emigrantes retornados que perciben una pensión del extranjero y a los que la Agencia Tributaria reclama que tributen por estas prestaciones desde 2008. Representantes del colectivo en Galicia, que supera los 250.000 afectados, denunciaron ayer en el Parlamento europeo la "persecución" de Hacienda por el "trato fiscal discriminatorio" al que están sometidos desde que en 2013 se impulsó una campaña para hacer aflorar las pensiones de emigrantes superiores a 11.200 euros.
En el debate de la denuncia, la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, y la plataforma de afectados reclamaron a la Comisión de Peticiones de la UE exigir al Gobierno español el cumplimiento de los convenios bilaterales firmados con los Estados miembros, eliminar los expedientes abiertos y promover un cambio de normativa tributaria que reconozca el mismo estatus para las pensiones extranjeras y españolas.
La Comisión de Peticiones de la Eurocámara acordó enviar una carta al Gobierno español, a la Comisión Europea y al Consejo Europeo informándoles de la situación fiscal de los emigrantes retornados e instándoles, en particular al Ejecutivo de Rajoy, a atender las demandas de la asociación de afectados.
Desde que la Agencia Tributaria inició el proceso de regularización de las pensiones procedentes del extranjero, los emigrantes se movilizaron para exigir el mismo estatus que para las prestaciones españolas, paralizar las multas a los retornados que no regularizaron su situación con el fisco y reconocer la invalidez que perciben de otros países. Miranda recordó que la Comisión de Peticiones solicitó un informe específico a la Comisión de Economía del Parlamento Europeo sobre el "acoso masivo de Hacienda a tantos miles de emigrantes retornados".
Los afectados, en su mayoría con más de 70 años y residentes en el rural, se ven obligados a acudir a los tribunales para resolver sus casos. Por lo que reclaman una solución colectiva para evitar procesos individuales "largos y tediosos".
En respuesta a la petición, la comisión parlamentaria reclamará al Gobierno español que busque una solución "en la línea" de las reclamaciones de los afectados. El asunto también será remitido a la Comisión de Economía de la Eurocámara y a la de Empleo y Asuntos Sociales, que deberá evaluar la cuestión del reconocimiento entre Estados de la invalidez. Desde la plataforma de afectados denuncian que los emigrantes retornados que cobran pensiones por invalidez se ven obligados a demostrar esta condición ante las autoridades españolas sin que estas acepten los reconocimientos otorgados por los países donde trabajaron.
Competencias
Pero sobre este asunto tanto la Eurocámara como la Comisión Europea y la eurodiputada del PP y la vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, Rosa Estarás, advirtieron de que las instituciones europeas no tienen competencias en la materia ya que la fiscalización de las pensiones es un asunto regulado mediante acuerdos bilaterales, por lo que la solución -apuntaron- dependerá de las autoridades españolas.
De "discriminatorio" calificó Alexandre Lago, representante de los afectados, el trato dado por la Agencia Tributaria a los jubilados por el origen de sus pensiones, aun cuando estas proceden de otros estados miembros de la UE, obligándoles a tributar por ellas "cuando en los países pagadores estarían exentas".
Proceso de regularización
Proceso de regularización
Tras la campaña de rastreo puesta en marcha por la Agencia Tributaria, casi 30.000 gallegos retornados con una prestación del extranjero regularizaron su situación abonando de golpe lo no declarado desde el año 2010 para evitar multas y recargos. En el conjunto del país, los contribuyentes que se acogieron al proceso extraordinario superaron los 145.000 y el importe de las prestaciones alcanzó los 309 millones -45 millones de prestaciones de emigrantes gallegos-. El importe medio ingresado por ejercicio ronda los 900 euros.
Las protestas de los afectados llevaron a Hacienda a dar respuesta a una de sus reclamaciones: anular las sanciones impuestas, los recargos e intereses ya que no habían cometido "fraude" alguno.
