La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha salido en defensa de la libertad de expresión como un derecho fundamental consagrado en la Constitución ante las investigaciones judiciales que se están abriendo por comentarios en las redes sociales, chistes o comentarios de diversa naturaleza. Si citar expresamente ejemplo alguno, en el fondo se está aludiendo a actuaciones judiciales por bromear sobre el atentado contra Carrero Blanco o el Valle de los Caídos.
"En ocasiones, viendo la interpretación que de la Carta Magna se hace por el Parlamento, tribunales de justicia o la propia fiscalía, cabe preguntarse si no estamos retrocediendo en la consideración y perfeccionamiento de los valores que defienden una democracia", sostiene la UPF, de la que es portavoz Álvaro García Ortiz, fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia. Asegura que la madurez de una sociedad también se mide por la capacidad de tolerar lo que puede parecer repulsivo o infame o no responder de forma desproporcionada ante lo intolerable y que no se puede pretender que los medios de comunicación moderen escrupulosamente sus palabras, que un humorista piense en las consecuencias de sus chistes antes de hacer reír, que las viñetas mordaces circulen de forma clandestina o que un artista tenga que disfrazar sus creaciones.
