27 de agosto de 2017
27.08.2017

La APLU destapa cada mes 40 obras ilegales, el doble que hace cinco años

27.08.2017 | 02:19

No hay día en que la Consellería de Medio Ambiente no tramite algún expediente de paralización de viviendas, naves o galpones construidos al margen de la normativa o la retirada de alguna casa prefabricada o caravana instaladas en zona protegida. Hasta un total de 226 expedientes de reposición de la legalidad urbanística fueron abiertos en los primeros seis meses del año, una cifra récord desde que comenzó a operar la APLU y su supone casi el doble que los registrados durante el mismo periodo hace cinco años (132).

El grueso de los expedientes urbanísticos abiertos responden al propio rastreo de los técnicos de la Xunta. El 72% de los procesos de derribo tramitados en el primer semestre del año se derivan de las inspecciones llevadas a cabo por la agencia autonómica. La labor de control de los propios ayuntamientos está detrás del 9% de los expedientes de reposición tramitados en los primeros seis meses de este ejercicio. Y las denuncias de los propios vecinos propiciaron el 10% de los procedimientos abiertos por construcciones ilegales.

Las multas impuestas a los propietarios de edificaciones sobre las que pesa una orden de derribo oscilan entre los 1.000 euros y pueden superar los 10.000. El importe de las sanciones coercitivas se incrementa según avanza el proceso de reposición de la legalidad urbanística. De la provincia de A Coruña, Sada, Arteixo, Oleiros o Fisterra están entre los ayuntamientos que más derribos acumulan. De Pontevedra, destacan Sanxenxo, O Grove o Cangas.

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