La Xunta abre una vía legal para limpiar de maleza las fincas sin dueño conocido

Xunta y concellos podrán acceder sin autorización a fincas cuyo dueño no hayan identificado o localizado para limpiar la biomasa y minimizar el riesgo de incendios forestales. Asumirán los costes hasta cargárselos a los propietarios, si bien tendrá la opción de financiar sus trabajos vendiendo la madera del terreno si es necesaria su retirada. En casos de "riesgo inminente para las personas o bienes" por la amenaza de las llamas, podrán acometer los trabajos preventivos sin ningún tipo de autorización ni comunicación previa, aunque conozcan a los propietarios del terreno.

Estas opciones están recogidas en varias modificaciones de la ley de prevención contra los incendios forestales que la Xunta tramitará a través de la conocida como Lei de Acompañamento, un cajón de sastre de cambios normativos que se tramitan al mismo tiempo que los presupuestos autonómicos. De esta forma, la Xunta abre una vía para solucionar un agujero legal ante casos de fincas sin dueño conocido.

El Ejecutivo remitió ayer las cuentas del próximo ejercicio al Parlamento y en la citada ley incorpora cambios en lo relativo al cuidado del monte para prevenir los fuegos. Lo hizo después de la ola de incendios iniciada el fin de semana pasado y que dejó cuatro víctimas mortales y calcinó más de 35.000 hectáreas.

Los expertos señalan la prevención como la clave para reducir el impacto del fuego. Una de las patas de esa estrategia radica en la existencia de zonas de seguridad en que la biomasa debe reducirse para que no sea combustible que permita la propagación del fuego, incluyendo la retirada de especies pirófitas como los eucaliptos o los pinos antes de finalizar junio.

Franja de 50 metros

La legislación establece unas franjas de seguridad de 50 metros -el PP rebajó a la mitad la distancia fijada por el bipartito- respecto a las casas en las que se veta la presencia de biomasa potencialmente peligrosa. Entre las restricciones, por ejemplo, se vetan las citadas especies pirófitas.

Xunta y ayuntamientos se reparten competencias para vigilar este cumplimiento. A finales de junio, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que Medio Rural había apercibido ya a 995 dueños de fincas por no limpiar sus propiedades y que comunicaría otras 2.000 de manera "inmediata". Gondomar, por ejemplo, recibió este año 300 denuncias vecinales por esa cuestión.

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, apeló esta semana a la responsabilidad privada en la gestión del monte, mayoritariamente en manos de particulares. Sin embargo, la estructura de la propiedad en Galicia dificulta ponerle nombre a cada terreno. En el año 2012, por ejemplo, el Catastro buscaba a los titulares de 350.000 fincas para que tributasen. El mismo problema existe a la hora de forzarlos a retirar maleza.

La Lei de Acompañamento también incorpora otro cambio en la gestión forestal. La Xunta incorporará, previa aplicación de un plan de ordenación, al Banco de Terras los montes vecinales "en estado de grave abandono o degradación", incluso por "extracción abusiva".