El ingeniero de sistemas italo-francés Hervé Falciani saltó a la fama en 2008 cuando, tras trabajar durante siete años en la filial suiza del banco HSBC, se hizo con los datos de más de 130.000 clientes de la entidad, la mayoría de ellos defraudadores en sus respectivos países, y los filtró a distintos gobiernos para denunciar las prácticas irregulares de la industria financiera. Es la famosa lista Falciani que ha permitido perseguir a miles de evasores en todo el mundo. Está afincado en España desde el año 2012.

-A pesar de todos los escándalos, la mayoría de la gente sigue teniendo la sensación de que a los ricos y poderosos les resulta muy fácil evadir impuestos.

-Bueno, estamos en un momento de transformación. La situación ha cambiado y ahora el mayor desafío está en la llamada optimización fiscal que realizan los GAFA (el acrónimo que se ha creado para denominar a las grandes firmas tecnológicas, encabezadas por Google, Amazon, Facebook y Apple), con el objetivo de minorar o hacer desaparecer lo que ellos ven, simplemente, como un gasto, que son los impuestos. Para estas compañías los impuestos son sólo un inconveniente comercial, no son vistos como la posibilidad de redistribuir los bienes y los recursos que se han generado. Es una evolución del paradigma capitalista. También cuando hablamos de Uber lo que vemos es que se ataca el modelo económico de los empleos y lo que se pretende es un mundo formado únicamente por ricos y por trabajadores autónomos.

-Y el fraude fiscal tradicional, ¿se ha reducido?

-Es menor.

-¿La lista Falciani ayudó a cambiar las cosas?

-Claro que ha provocado cambios. Ha obligado a cambiar el modo de actuar de una parte de la industria bancaria porque saben que ahora hay más gente mirando lo que hacen. Pero insisto, ahora el desafío es -y lo vemos en la reforma que intenta hacer la Comisión Europea- conseguir que estos nuevos actores de la economía contribuyan. Que devuelvan a la sociedad en base a los recursos que realmente se generan en cada zona sin que el dinero se quede en huecos legales.

-¿Qué medidas se pueden tomar para que estos gigantes tributen como les corresponde?

-Se tienen que descentralizar los elementos de supervisión para adaptar la recaudación a la realidad local. A nivel de la OCDE se discute sobre la localización de las sedes de las empresas, pero lo que hay que hacer es localizar dónde se realiza la actividad económica y tenemos una oportunidad con el proceso de desmonetización del dinero. Mire, España va a ser uno de los primeros países del Sur de Europa donde va a desaparecer el efectivo, los grandes bancos están apostando por sistemas como el Apple Pay o Samsumg Pay, y, si conseguimos tener acceso a esos datos legalmente, sabremos lo que pasa en la economía en tiempo real y podremos establecer cuál tiene que ser la recaudación.

-¿Por qué se sigue consintiendo que existan paraísos fiscales?

-En realidad, en Europa cada país es un paraíso fiscal para alguna actividad. Por ejemplo, Francia es un paraíso fiscal para las nuevas tecnologías, otros protegen su agricultura, etc. Con la globalización, el concepto de paraíso fiscal es distinto. El problema no son los paraísos fiscales, son los paraísos judiciales. Lo que sigue siendo un peligro es que no se pueda llegar hasta la información porque existen pantallas que la ocultan y la dividen. Y eso sí que es una amenaza. Hablamos de Suiza y otros países pero también en España podemos hablar de microparaísos judiciales. ¿Por qué la Fiscalía Anticorrupción o la Audiencia Nacional no tienen los mismos datos que Hacienda? No digo que haya que poner a disposición de todos los ciudadanos esta información, pero sí deberían tenerla los encargados de vigilar los intereses de los ciudadanos. No tiene sentido esta separación. El secreto fiscal es un microparaíso que protege a los contribuyentes de la justicia.

-Se mostró muy crítico con la amnistía fiscal de Montoro, que el Gobierno justificó como una forma de aflorar el dinero oculto en el extranjero.

-Por supuesto que permitió que el dinero volviera a España pero, al mismo tiempo, no deja de ser una amnistía. ¿Si se aplica para los grandes defraudadores, por qué no hacerlo para los demás, para las pymes, por ejemplo? Si se concede una pietà, mejor para los buenos que para los malos. Además, para convencer a los defraudadores se dio la garantía de que no se les iba a perseguir. El Gobierno tendría que desdecirse y permitir que la Fiscalía persiga los casos penales. Tendría trabajo para los próximos diez años.