La derivada ourensana de la operación Patos se cierra de manera definitiva. La Audiencia Provincial rechaza el recurso de la Fiscalía, que pretendía llevar a juicio a cuatro de los siete investigados por supuestas irregularidades en la adjudicación por parte del Concello de Ourense, en 2013, del mantenimiento de zonas verdes en la ciudad. Se investigaba un presunto delito de cohecho por el viaje pagado al funcionario jefe de Medio Ambiente por una empresa que resultaría la adjudicataria del contrato. El importe se situó en unos 1.000 euros. En contra del criterio del ministerio público, el tribunal considera que no existe ilícito.

Así se expresa la sala, citando jurisprudencia al efecto, en una resolución de la que ha sido ponente la magistrada Ana María del Carmen Blanco: "En el comportamiento de los investigados jefe de servicio de la concejalía de medio ambiente y empresarios que realizaron la invitación al congreso en la ciudad de Málaga, no se aprecian" elementos de cohecho, " ya no solo porque no parece que la invitación a la participación en tal congreso rebase lo que constituye un uso social habitual o de cortesía, y ello es lo más importante, porque no ha resultado acreditado que el funcionario en cuestión tuviera poder decisorio en la resolución del concurso de adjudicación en el que participaba la empresa ". La Audiencia añade que en la adjudicación hubo un "cumplimiento riguroso del procedimiento legalmente establecido".

La pieza en Ourense de la Patos mantuvo bajo el foco a un total de 7 investigados: 4 representantes de la empresa adjudicataria, Cespa Jardinería; la propia empresa como persona jurídica; así como dos funcionarios del área de Medio Ambiente del Concello de Ourense: el jefe de Servicio y el jefe de Sección, G. G. V, que era responsable del contrato.

Las diligencias ya cerradas se abrieron en noviembre de 2015 en Instrucción 1, en una pieza separada de la macrocausa que se inició bajo secreto en 2013 en Vigo para investigar presuntos delitos contra la administración pública.