Una media de 25 conductores cada mes fueron requeridos el año pasado a un examen médico extraordinario del Sergas. En total fueron 298 los automovilistas, la mayoría de edad avanzada, propuestos el año pasado por las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico a un chequeo extraordinario para determinar si estaban en condiciones de seguir al volante o si deberían hacerlo con restricciones, como no conducir de noche, circular solo a una distancia máxima del domicilio, tener prohibido viajar con pasajeros, limitar la velocidad máxima, no poder entrar con su vehículo en autopistas o autovías o la exclusión total del consumo de alcohol. El balance de 2017 supone un incrementó de casi el 35% respecto al ejercicio anterior y suma en tres años -desde que en 2015 se aplica el Plan Mayores, de refuerzo y vigilancia a los usuarios de más de 65 años- más de 600 conductores bajo sospecha por sus condiciones psicofísicas, según detalló ayer el fiscal de Seguridad Vial en Galicia, Carlos Gil, durante su comparecencia en el Parlamento para analizar los datos y tendencias de los delitos de tráfico en las carreteras de la comunidad.
Una de las demandas de Fiscalía para conocer el "verdadero estado de salud" de quienes acuden el psicotécnico y evitar que les "oculten" datos relevantes en la exploración para la renovación del permiso ha caído en saco roto debido a la Ley de Protección de Datos: que los médicos de cabecera faciliten a los centros de reconocimiento el historial del paciente "cuanto menos con los hechos relevantes de salud que pueden afectar a la conducción".
Alcohol y conducción
En su intervención parlamentaria, Carlos Gil puso en el punto de mira el elevado número de conductores llevados a juicio en Galicia por ponerse al volante bajo los efectos del alcohol. Hasta un 93% de los delitos de tráfico calificados en la comunidad (con escrito de acusación para llevar a juicio) son por consumo de alcohol y/o drogas o conducir sin carné.
Tras destacar la "implantación cultural" del consumo de alcohol asociado a la conducción en Galicia, el fiscal de Seguridad Vial advierte de que resulta "muy difícil de erradicar por falta de concienciación" y que "solo podrá empezar a cambiar con una actividad educativa y sensibilizadora y con una respuesta legal adecuada y proporcionada". Los datos del año pasado revelan la todavía alta incidencia del alcohol y las drogas en la conducción. De las más de 790.000 pruebas de alcoholemia realizadas en las carreteras gallegas, casi 11.000 dieron lugar a una denuncia. Lo que supone una media de 30 positivos interceptados cada día en la red viaria de la comunidad. De los más de 8.300 narcotest practicados, el 44% dieron positivo: un total de 3.680 denuncias -diez diaria-. Además, según detalló el fiscal, la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia reforzó los controles de velocidad, con un total de 140.000 expedientes abiertos -más de 380 sancionados cada día-.
En la larga lista del fiscal de Seguridad Vial para reducir la siniestralidad en la carreteras gallegas, destaca la educación. "Más que nunca, ahora es la única estrategia segura para disminuir las tragedias, todas evitables, ocurridas en las vías públicas", destacó Gil, quien destacó que "debe iniciarse en la familia, continuar en e colegio y llegar hasta la tercera edad".
Tras aludir a la necesidad de un estatuto jurídico del peatón y del ciclista, el fiscal aludió también a la mejora del estado de las vías, su señalización, alumbrado o la reducción de los límites de velocidad como medidas que contribuyen a la mejora de las estadísticas.
