Durante 2017, las viviendas de alquiler turístico de Santiago generaron más de medio millón de pernoctaciones, en datos estimados, con lo que generaron un impacto directo de 8,5 millones sin fiscalizar. Así lo aseguró ayer la concejala de Turismo, Marta Lois, que, junto con el concejal de Espacios Ciudadanos, Jorge Duarte, presentó los principales resultados del estudio sobre la situación del alquiler turístico elaborado desde el Ayuntamiento a lo largo de 2017. Para llevar a cabo este estudio, se contrató una consultora que desarrolló un programa para consultar la evolución de las viviendas de uso turístico que se ofertan en la ciudad en las principales webs del sector. Esto permitió contar con datos de la forma más precisa posible que, comparados con datos de otras fuentes municipales y externas, permitieron "perfilar la situación actual de este fenómeno" en la ciudad.
Marta Lois explicó que las principales consecuencias que tiene para Compostela la existencia de plazas de este tipo pasan, en primer lugar, por la "competencia desleal contra el sector turístico reglado", que "paga sus correspondientes impuestos".
Además, implica la "reducción de los ingresos de las administraciones públicas vía impuestos, en tanto que en la mayor parte de los casos los propietarios de las viviendas no declaran la actividad económica que desarrollan". Por otra parte, implica el "incremento en el precio" de los alquileres dedicados la población residente.
