Los ayuntamientos ya tienen vía libre de Hacienda para gastar su superávit pese a que el Gobierno todavía no ha sacado adelante los presupuestos del Estado. Los concellos tienen hasta el próximo mes de abril, vísperas de as elecciones municipales, para dedicar a las llamadas inversiones financieramente sostenibles sus ahorros, que al cierre de 2016 superaban los 480 millones, según los últimos datos disponibles de la liquidación de presupuestos de las administraciones locales.

La presión de los alcaldes, con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, logró arrancar el compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de poder gastar su remanente en un abanico más amplio. La aprobación del decreto ley cumplió el plazo comprometido y ayer el Consejo de Ministros le dio luz verde.

En su comparecencia, Montoro destacó la ampliación del concepto de inversiones financieramente sostenibles, tal y como reclamaban desde la FEMP, flexibilizando así las condiciones para invertir ese remanente. Y es que las actuales limitaciones solo permitían que las administraciones locales gallegas pudiesen gastar una sexta parte de su superávit.

En la lista de actividades en las que podrán invertir ayuntamientos y diputaciones están las relacionadas la seguridad y el orden público, protección civil, la prevención de incendios, asistencia social primaria, creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria. Se incluirán también inversiones en mobiliario y enseres destinados a servicios que ya están catalogados como receptores de aquellas inversiones; así como los vehículos para recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y de transportes de viajeros.

Con este decreto ley además se incrementa de 10 a 15 millones de euros el importe a partir del cual se requerirá autorización administrativa previa para proyectos de inversión de grupos de programas, o, alternativamente que estos supongan más del 40% de los gastos no financieros de la entidad local, siempre que, en cualquiera de esos casos, se incremente el gasto de personal o el de compras de bienes y servicios como consecuencia de la inversión.