La huelga en la Justicia gallega dispone de unos servicios mínimos del 30%, pero no han sido suficientes para evitar la paralización de los juzgados. Además, usuarios de registros civiles han denunciado retrasos y dificultades en trámites como las certificaciones de nacimiento y defunción. Para intentar paliar este problema, el Gobierno gallego trasladará a los funcionarios una instrucción en la que "aclarará" su decreto de servicios mínimos.

Aunque no entró en detalles sobre su contenido, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que la medida tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos puedan hacer gestiones que, a su modo de ver, ya están amparadas por el decreto de servicios mínimos vigentes pero que "no se están tramitando" adecuadamente, sobre todo en los registros civiles.

Preguntado por qué no se hizo antes esta instrucción, Rueda explicó que la Xunta entendía que en el decreto de servicios mínimos ya quedaban "claras" qué actuaciones había que hacer. Por eso da el paso ante la, a su juicio, "interpretación errónea" por parte de los trabajadores y sus representantes sindicales.

El 6 de febrero, un día antes del inicio de la huelga, la Xunta público la orden de los servicios mínimos "indispensables para el funcionamiento esencial que permitan compaginar el derecho a la huelga con el mantenimiento de los servicios esenciales necesarios para garantizar el servicio público". Entre ellos están los servicios de guardia de juzgados y fiscalías; los juicios orales de causas con preso; medidas cautelares o provisionales en materia de familia, de violencia sobre la mujer y de libertad provisional y actuaciones relativas a violencia machista.

Por otra parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordó dirigirse a los distintos órganos judiciales para que, en la medida de sus posibilidades y en el tiempo "que sea necesario", remitan "una relación de asuntos suspendidos y la causa".