Un nuevo bronco debate parlamentario entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de En Marea, Luís Villares, provocó que el primero abriese ayer un debate en la Cámara sobre la revisión de la inmunidad de que gozan los diputados en el hemiciclo. "¿Es correcta la legislación española?", preguntó Feijóo, que también cuestionó el regreso de su rival a la judicatura -abandonó temporalmente su puesto en el Tribunal Superior de Xustiza por su actividad política- por no respetar, aseguró, la presunción de inocencia.

Las críticas de Villares al primer titular de la Xunta autonómica, Gerardo Fernández Albor, fueron el detonante de la reacción de Feijóo, al que el portavoz de En Marea también acusó de delinquir por no revelar qué delegado del Gobierno le informó de la existencia de sus fotos con el contrabandista Marcial Dorado durante unas vacaciones que compartieron a mediados de los 90. "Encubre un delito como es la revelación de secreto de sumario", dijo Villares si bien en otras ocasiones Feijóo que la cuestión estuviese siendo investigada judicialmente.

Sobre Albor, que en septiembre cumplió 100 años, recuperó la denuncia de su partido que este había cobrado durante tres años del Consello Consultivo pese a no acudir a él y su reunión con narcotraficantes y contrabandistas en Portugal en los años ochenta que ha puesto de nuevo de actualidad la serie Fariña. "Aunque viviese dos vidas, no le llegaría a la altura en dignidad", rebatió Feijóo, secundado de críticas hacia Villares desde las filas populares.

Antes de eso, Villares criticó la construcción de la A-57, la autovía paralela a la AP-9 libre de peaje que, dijo, costará 1.200 millones. "Ese dinero permitiría rescatar la Autopista do Atlántico (AP-9)", explicó para criticar la "duplicación" de la infraestructura. Feijóo, por su parte, defendió la obra por permitir conectar poblaciones que se encuentran ajenas a la AP-9 y aseguró que su puesta en marcha podría suponer la bajada de peajes en esta última para no perder tráfico.

La sesión de control también versó de sanidad. Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) censuró la inversión autonómica en sanidad para paliar que el personal eventual represente el 30%, cifras que cuestionó Feijóo, quien recordó el plan para situar la temporalidad en el 5% en tres años.