Unións Agrarias estima que la reforma de la política agraria común (PAC) que plantea la Unión Europea (UE) para el periodo 2021/2027 supondrá para España una reducción del 17,97% en el presupuesto destinado a subvenciones agrícolas y ganaderas, con respecto al que maneja en la actualidad.

Para paliar este recorte, el sindicato plantea una "bolsa común" entre comunidades autónomas de modo que se garantice una "redistribución equitativa" de los fondos, ya que, de no ser así, advirtió de que Galicia "saldría perjudicada".

El secretario xeral del sindicato agrario, Roberto García, aseguró que, pese a que desde Bruselas se habla de una reducción del 10,61% del presupuesto, esta no tiene en cuenta la inflación ni la devaluación del euro en los próximos años, que transformaría la cifra, según sus cálculos, en un 17,97%.

Otra de las "preocupaciones" planteadas por García se centra en el reparto de las partidas presupuestarias de la PAC entre las diferentes comunidades y apuntó que España tiene la potestad de dividir el capital que recibe de Bruselas entre sus diferentes territorios.

Además, explicó que la Unión Europea deja que "cada Estado compense los fondos que llegan de menos desde Bruselas", con una especie de "renacionalización" de la PAC. Así, aseguró que "los países con mayor compromiso ganadero salen más beneficiados" y "las comunidades con más presupuesto notarán menos el déficit".

De esta forma, incidió en que Galicia "saldría perjudicada", ya que comunidades como Andalucía o Castilla La Mancha poseen "documentos escritos" de acuerdos firmados con sus respectivos gobiernos, mientras que la comunidad gallega "carece de este tipo de documentos o de reuniones y discusiones en el Parlamento sobre esta cuestión".

Unións Agrarias plantea una "solución" para esta repartición "desigual" de los fondos entre comunidades, con la "creación de una estrategia entre autonomías para que cualquier recorte del Gobierno quede en una bolsa comunitaria común", al "realizar una redistribución equitativa de los fondos".

García resaltó que en España existen actualmente 300.000 trabajadores agrarios reconocidos y con "documentos que los avalan", pero, sin embargo, la cifra de preceptores de subvenciones se eleva hasta los 800.000. Así, aseguró que "existe la necesidad de acabar con los agricultores de sofá", aquellos que "no trabajan las tierras de manera directa y perciben del mismo modo ayuda económica". Por último explicó que "España es el único país que mantiene la figura del agricultor de sofá" y "sin actividad agraria".