La consulta a las bases de En Marea sobre si la diputada Paula Quinteiro debe dimitir por exhibir su carné de parlamentaria ante la Policía Local en un altercado en Santiago se paraliza temporalmente, añadiendo más tensión a un conflicto que ha servido de detonante para evidenciar la guerra interna de la formación que lidera la oposición en Galicia. La Comisión de Garantías reclamó al Consello das Mareas más documentación sobre el caso tras las alegaciones por parte de afines a Quinteiro antes de fijar fecha para que las bases se pronuncien, y el Consello ya se la envió. El sector oficialista mantiene su intención de que la coordinadora convoque esa consulta la próxima semana, tal como aseguró ayer su portavoz, Luís Villares.
El sector crítico con la dirección de Villares, que rompió con sus ahora enemigos ante el veto a que accediese a la portavocía, recurrió a la Comisión de Garantías del partido para intentar frenar la consulta a las bases, que si bien no es vinculante, situaría a Quinteiro ante una enorme presión para renunciar a su acta por no cumplir, según el sector oficialista, los principios éticos de la formación.
Quinteiro, apoyada por una amplia mayoría del grupo parlamentario, ya anunció en este diario que no asumiría el resultado de un "procedimiento viciado", argumento usado por dos afines -Sara Outeiral y Peyo Rivera- en el Consello das Mareas para tratar de impugnar la consulta. El árbitro interno del partido les permite ganar tiempo, pero tumba en parte sus alegaciones.
Reclama las actas de la reunión del pasado 28 de abril del Consello que aprobó preguntar a los inscritos si Quinteiro debe abandonar el Parlamento antes del mediodía del lunes en aras de la mayor transparencia y de defensa "de los derechos de la persona afectada", según la resolución firmada el jueves. También pide a Rivera y Outeiral "que motiven más detalladamente la falta de garantías" que alegan ante una reunión en la que se aprobó la consulta por 17 votos a tres y faltaron 15 miembros.
Los afines a la diputada de Podemos y esta misma alegan que una consulta sobre la dimisión de un cargo debe ajustarse al proceso revocatorio establecido en los estatutos, mientras Villares y los suyos se aferran a la opción de poder convocarlas sobre asuntos de trascendencia que les permiten esas normas.
La Comisión de Garantías tumba la recusación de la comisión electoral de esa pregunta por haber alguno de sus miembros la dimisión de Quinteiro, pues no se puede vulnerar la libertad de expresión.
