Las siete asociaciones denuncian que en los últimos meses de negociaciones quienes tienen capacidad de aprobar las reformas necesarias -en alusión al Ministerio de Justicia- "no puede ser más decepcionante".
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer que "buena parte" de las reivindicaciones que han llevado a los jueces y fiscales a la huelga son compartidas por el Gobierno central y se han incluido en leyes que se han planteado o se están tramitando, por lo que ha pedido "diálogo" porque es una cuestión "de tiempos". "Confiamos en que fruto del diálogo podamos abordar esas reformas", insistió el titular de Justicia, quien recordó que desde hace meses se negocian las 18 propuestas que trasladaron jueces y fiscales.
Algunas de esas propuestas están vinculadas con puntos incluidos en los Presupuestos Generales para 2018, que Catalá confía que hoy se aprueben en el Congreso y que permitirán crear 300 nuevas plazas de jueces y fiscales, incrementar en un 50% la partida de obras en edificios judiciales, y dotar con 130 millones los sistemas informáticos de juzgados y fiscalías. Además añadió que el proyecto de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial -también en tramitación en las Cortes- aborda "el fortalecimiento de la transparencia en sistemas de designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
