Los reiterados colapsos en la AP-9 han colmado la paciencia de conductores, empresarios, ayuntamientos más afectados -Vigo, Cangas y Moaña- e incluso la Valedora do Pobo, que ha presentado una queja de oficio ante Audasa y el Gobierno. A ellos se suma ahora la Fiscalía Superior de Galicia. El Ministerio Público informó que abrirá diligencias de carácter civil por "el deficiente funcionamiento de la AP-9 en Rande". Si su investigación demuestra que hay razones para ello, estudia también promover una demanda colectiva con los afectados para exigir indemnizaciones o la devolución de los peajes abonados. Desde la Fiscalía advierten de que, en el caso de prosperar la reclamación colectiva, los conductores que se quieran sumar deberán mostrar "la documentación que acredite el uso de la autopista en el período de duración de la obra" en la AP-9.

El Ministerio fiscal decidió abrir diligencias ante "el deficiente funcionamiento en los últimos meses en el tramo de la autopista", que vincula con las "obras de ampliación de capacidad en el enlace de Cangas-Teis y puente de Rande llevadas a cabo por Audasa". La decisión de Fiscalía llega después de que alcaldes y empresarios exigiesen a Fomento una solución a los atascos en el puente de Rande y sus accesos. De forma unánime han reclamado que las barreras de los peajes se levanten cuando la AP-9 registre embotellamientos.

La Valedora do Pobo, Milagros Otero, reconoce que lo "lógico" es que los conductores que no reciben la prestación esperable en una autopista no tengan que abonar la tasa. "Cuando los tiempos de viaje aumenten respecto a los ordinarios la consecuencia debería ser el no pago del peaje", razonaban hace un par de semanas desde la oficina de la Valedora, que zanja: "El criterio de que los usuarios deben sufrir las consecuencias de las obras de mejora no puede aplicarse en el mismo sentido y con el mismo alcance en autopistas de peaje".

Parte de los conductores que se ven atrapados en la autopista en los accesos a Rande no pagan canon, al menos de una forma directa. Desde 2006 el tráfico entre A Coruña-Barcala y Vigo-O Morrazo está liberado, lo que significa que su coste lo asumen las administraciones. Durante años esa factura la asumían a medias entre Fomento y la Xunta, que solo en 2017 consignó en sus presupuestos 6,7 millones para ese fin. Ante esa abultada factura San Caetano solicitó al ministerio que asumiese en solitario el coste de liberar los tramos.

En julio de 2017 el departamento de Íñigo de la Serna hizo público que aceptaba esa petición y pasaría a asumir en solitario su coste. Los conductores que circulan por ese tramo se verían afectados por los atascos, pero carecerían de la documentación que pueda acreditarlo, como el recibo de las tasas o los resguardos del pago con el telepeaje.

A raíz de las críticas de alcaldes, empresarios e instituciones, Fomento y Audasa se reunieron hace justo una semana para buscar soluciones a los colapsos en la AP-9. Sobre la mesa estaba la posibilidad de levantar las barreras de peaje durante los atascos, como reclamaban los usuarios. La cita se saldó con un compromiso tibio del ministerio, que explicó que solo adoptaría esa medida "en casos muy concretos" y "tras el análisis de la situación". El lunes Rande volvió a registrar embotellamientos sin que se levantasen barreras o se tomasen medidas especiales para solventarlo.